Obispo de San Cristóbal critica impacto de obras en la región

Elio Henríquez
Foto: José Carlo González
La Jornada Maya

Ciudad de México
Domingo 2 de enero, 2020

El obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, afirmó que existen megaproyectos, “algunos ya en ejecución y otros en programa, como la autopista San Cristóbal-Palenque, el tren maya, la minería, las presas hidroeléctricas, los parques eólicos, las reservas ecológico-turísticas, la explotación de bancos de arena, manantiales y humedales, con los que se afecta a los pueblos originarios y urbanos”.

En una carta pastoral titulada Caminemos juntos a la luz del Señor, agregó que “estos megaproyectos significan desarrollo, pero me cuestiono lo siguiente: ¿Cómo hacer para que no alteren la ecología, ¿cómo hacer para que no signifiquen beneficio enorme a unos y despojo a otros?, ¿cómo hacer para integrar al desarrollo -siempre con criterio humano y ecológico- a las poblaciones más desvalidas?”.

Aguilar Martínez manifestó que el sistema capitalista “logra sus riquezas a partir del despojo de los territorios, las riquezas y bienes nacionales; se da por parte de los países y grupos humanos de primer mundo contra países y grupos humanos subdesarrollados; y a nivel local, de los poderosos contra los empobrecidos”.

Dijo que los tiempos actuales están marcados por situaciones críticas, tanto en la vida humana como en su dinámica social, “por el individualismo y el egoísmo, contrario al sentido comunitario y al respeto a la madre tierra”.

La tierra “rica y bella” de Chiapas, añadió, “ha sido maltratada por la explotación minera, la tala inmoderada y la contaminación de los ríos, lagos y el medio ambiente”.

Por ello, dijo, “es importante seguir tejiendo en común, porque no podemos transformar la realidad solos, o una sola comunidad, una sola zona, una la organización”, sino que “es nuestra tarea tejer alianzas con aquellas personas, comunidades, zonas, organizaciones que están en una verdadera lucha construyendo esa nueva vida”.

Rodrigo Aguilar Martínez, quien tomó posesión como obispo de la diócesis el 3 de enero de 2018, expresó que “el despojo también se hace presente a través de la pérdida de las raíces culturales que se provoca con el racismo y la discriminación, y las políticas de gobierno que no toman en cuenta la palabra de los pueblos originarios, ni su derecho a la libre determinación y autonomía, a vivir según su sistema normativo propio”.

Comentó que todo lo anterior “provoca la desvalorización de las personas de los pueblos originarios y urbanos, a lo que se suma la influencia de los medios de comunicación social”.

Originario de Guanajuato, Rodrigo Aguilar expresó que a 20 años del tercer sínodo diocesano promulgado por el extinto obispo Samuel Ruiz García, “reafirmamos que, aunque es mucha la riqueza natural de nuestro territorio (Chiapas), somos uno de los estados más pobres del país; el índice de analfabetismo es alto, no hay apoyo al campo o es manipulado, no se respetan los derechos de los pueblos”

Afirmó que el proyecto de seguridad a nivel nacional “puede estar muy bien pensado y planeado, pero las instancias intermedias, y sobre todo finales, provocan con frecuencia despojo de los territorios, que se logra a través de diversas estrategias como el desplazamiento forzado, la amenaza, el engaño en la compra de las tierras, la presión con programas sociales, la coerción mediante leyes que favorecen a los poderosos, y la violencia que se da por medio de la policía federal, estatal y municipal, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, como como por grupos de choque, paramilitares o de narcotráfico”.

Asimismo aseguró que “el crimen organizado ocupa cada día más espacios en el territorio chiapaneco; dolorosamente se va sumando a la situación nacional y se da una lucha entre grupos en competencia a nivel estatal y local”.

En este rubro, abundó, “destaca la trata de personas para la pornografía, venta de órganos y la explotación sexual y laboral de migrantes y nacionales. Dichos grupos y fuerzas logran controlar a las autoridades en muchos municipios; todo esto causa inseguridad, violencia, extorsiones y desplazamiento forzado de personas y familias”.