Joana Maldonado
Foto: Facebook @Limitesqroo
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 19 de febrero, 2020
Para Reinaldo Blanco Baeza, presidente del Comité Cívico Pro-Defensa de los Límites Territoriales de Quintana Roo, la controversia que inició Yucatán contra el decreto 303 publicado por esta entidad no debe litigarse en los medios y empleando medidas de presión "como pretende Campeche" -estado que se presentó como tercero interesado-, sino con argumentos jurídicos que llevarán a una resolución legal que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"Lo que está haciendo Campeche es de manera mediática, esa cuestión de los límites debe dirimirse dentro del marco de la ley, y Quintana Roo está apostando a hacerlo legal, que por eso existen los tribunales", aseguró Blanco Baeza en relación a la advertencia del gobierno campechano de que realizarán medidas de presión para que la federación intervenga en su favor.
Blanco Baeza recordó que, mediante el decreto 303, Quintana Roo fija en la Constitución local los límites de la entidad con relación al decreto de creación del estado y que por ello los tres Poderes de gobierno trabajan en materia legal para responder la controversia constitucional 226/2019 promovida ante la SCJN por el estado de Yucatán.
"Dentro del aspecto legal los Poderes de nuestro gobierno están luchando y nosotros como sociedad estamos pendientes de esta lucha", dijo Blanco Baeza al recordar que, en el hecho más reciente, Quintana Roo presentó ante la SCJN una serie de pruebas periciales a su favor.
Recordó que cuando se presentó el primer litigio tras la creación del municipio de Calakmul, no se pudo concretar debido a cuestiones jurídicas y la SCJN se negó a resolver. Desde el 2011, apuntó Blanco Baeza, con la creación de Bacalar como nuevo municipio, quedaron establecidos los límites que nacen desde Xpujil hasta Guatemala.
"Nosotros estamos actuando dentro de la legalidad, y como Comité estamos apoyando a los tres Poderes para que esto se resuelva de manera legal", dijo al insistir que lo que Campeche hace es intentar presionar sin argumentos jurídicos a la SCJN.
Acusó que el gobierno de Campeche busca enfrentar a su ciudadanía, la cual junto con los habitantes de Yucatán y Quintana Roo tienen una identidad peninsular, pero sin aportar sus elementos jurídicos que deben presentarse ante las instancias debidas.
"Lo que deben hacer es presentar argumentos y pruebas, si es que las tienen", puntualizó.
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