Fabiola Martínez
Foto: Tomada de Twitter
La Jornada Maya
Ciudad de México
Miércoles 26 de febrero, 2020
Cinco alertas de violencia de género están pendientes por resolver, entre éstas una de la Ciudad de México (CDMX).
En caso de resultar positivas, estas alertas se sumarían a las vigentes en 18 entidades y 602 municipios en los que se ha admitido la existencia de niveles graves de ataques contra las mujeres.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Gobernación (SG), la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aceptó ya la medida, al tiempo que las organizaciones que promovieron la solicitud para la emisión de la alerta buscan que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos único en el mundo; está incluido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el trámite para emitirla o concederla se realiza en un sistema nacional encabezado por la Secretaría de Gobernación.
Cuando se emite la alerta, el gobierno estatal aludido debe aplicar medidas de emergencia con el fin de enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado, esto es, cuando se impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado.
En tanto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) revisa los expedientes, además del que corresponde a las 16 alcaldías de la capital del país, de las siguientes entidades:
Guerrero, por revisión de solicitud por agravio comparado; una más para esta entidad, en nueve alcaldías específicas; seis municipios de Sonora; cinco de Chihuahua, y dos de Tlaxcala.
La titular de la Conavim, Candelaria Ochoa, sostuvo que la comisión a su cargo solicita cada tres meses informes a la CDMX (donde en 2019 se perpetraron 68 feminicidios y se ubicó en el tercer lugar nacional, sólo abajo del estado de México y Veracruz).
La asociación civil DMAS señaló que la decisión representa un paso relevante para la protección de las comunidades
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