Joana Maldonado
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Martes 10 de marzo, 2020
La segunda iniciativa relativa al tema del aborto en Quintana Roo fue presentada el pasado lunes ante la XVI Legislatura, justo el 9 de marzo cuando se realizaba el paro nacional de mujeres, por la diputada petista, Ana Ellamín Pamplona Ramírez. La propuesta plantea legalizar el aborto hasta la semana 12 de embarazo.
Ana Pamplona, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), señaló que Quintana Roo lidera la lista de abortos legales en el sureste del país, pues de 2007 a septiembre de 2019, han acudido a la ciudad de México un total de 130 mujeres quintanarroenses a interrumpir su embarazo.
Esta iniciativa es la segunda de su tipo con la que se busca despenalizar el aborto, pues en septiembre de 2018, colectivos como Marea Verde entregaron una propuesta ciudadana, dado que a la fecha y desde 2009 cuando se promovió una reforma a la Constitución del estado, el artículo 13 apunta que el Estado reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida desde el momento de su concepción.
Derivado de la citada reforma, la criminalización del aborto en el estado de 2015 a 2019 derivó de 27 denuncias, nueve de éstas en el último año y hasta 2018 había cinco sentencias.
En el documento presentado por Ana Pamplona hace referencia a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de agosto de 2008 en relación al tema del aborto, el cual apuntaba a declarar constitucional de una norma aprobada por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el que se despenaliza el aborto.
La iniciativa propone modificar el artículo 13 de la Constitución y añadir que “Quintana Roo reconoce, protege, respeta y garantiza a todas las personas los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en las normas generales y locales, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo condiciones que establezca la ley”.
Además, propone reformar el artículo 92 del Código penal del estado que a la fecha señala que “aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo” para que se considere “aborto es la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana del embarazo”.
El artículo 93 del mismo Código establece actualmente que “a la mujer que se procure aborto o consienta que otro la haga abortar, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión”, la propuesta es modificarlo para que señale que “se le impondrá de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro lo haga abortar después de las 12 semanas de embarazo”.
Además, añade causas por las que no será punible el aborto estableciendo como circunstancia cuando se trate de una violación, e incluso si no existiera violación –como actualmente se establece–, o cuando el producto presenta alteraciones genéticas o congénita que pudiera tener como resultado daños físicos o mentales en el producto, o cuando la situación ponga en riesgo la salud de la madre.
Parte de la propuesta es que las instituciones públicas de salud procedan a la interrupción legal del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad.
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