Carlos Águila Arreola
Foto: Archivo Gímez Chimal
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Lunes 18 de mayo, 2020
Las acciones contra las presuntas afectaciones que ocasionaría el Tren Maya llegaron al ámbito internacional, luego de que la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un documento suscrito por el CCMSS se indica que la intención es proteger el acuífero subterráneo de la península de Yucatán, también llamado sistema de cenotes, del que depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de la región.
La solicitud fue presentada el sábado 16 de mayo alegando que el inicio de la construcción del tren amenaza recrudecer la ya vulnerable situación ambiental de los cenotes, pues “el Estado mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro, siendo un promovente de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan sus aguas”.
Las organizaciones expusieron que las autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de aguas residuales y el manejo de residuos sólidos, además de haber otorgado concesiones para cargas y descargas operadas sin control ni medidas de prevención ni mitigación.
Esas prácticas “ponen en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y vida, daños a los derechos del pueblo maya que se agravarían con el desarrollo del megaproyecto, que aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes”, añade el comunicado.
Se menciona que también se incluye la edificación de nuevas ciudades, zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones, lo que de acuerdo con diversos actores de la industria turística de la región, prevé un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año.
[b]Omisión de Estado[/b]
Las organizaciones manifiestan que el Estado ha sido omiso en su obligación de realizar los estudios de impacto ambiental y social de manera previa, transparente y pública; aún así, tal y como ha reconocido el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el pasado 30 de abril dio inicio la construcción del Tren Maya.
También expresan que el arranque del megaproyecto se da en ausencia de información científica que permita identificar plenamente las posibles afectaciones al ambiente, a las comunidades indígenas y campesinas; incluso, mencionaron que se ha hecho pública la intención irresponsable de exentar al megaproyecto del cumplimiento de esa obligación.
La Corte Interamericana ha reiterado la obligación que tienen los Estados de realizar estudios de impacto ambiental y social frente a proyectos que pongan en riesgo la subsistencia de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos los riesgos ambientales. También, que hay esa obligación para proyectos que impliquen un daño significativo al medio ambiente.
Se pidió a la CIDH ordenar al Estado mexicano aplicar el principio precautorio en materia medioambiental, se abstenga de construir en Tren Maya, que garantice la información completa, basada en evidencia científica acerca de los impactos ambientales y sociales y que adopte medidas de prevención y mitigación frente a las amenazas y riesgos presentes.
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