Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Miércoles 11 de octubre, 2017

Durante el gobierno de Fernando Ortega Bernés (2009-2015), las instituciones gubernamentales del estado también se dedicaron a traficar con plazas, pisotear y violar derechos laborales y humanos en contra de educadoras y empleadas municipales, acusó el abogado laborista Jorge Rodríguez Vargas, junto con algunas afectadas.

En conferencia, cuatro maestras de preescolar, Luz del Carmen Ruiz Castellot, María Inés Morales Ortegón y las hermanas Victoria y Eugenia Koyoc, señalaron que desde hace poco más de ocho años están siendo afectadas económica y profesionalmente, pues luego de aprobar el examen de oposición denominado Alianza por la Calidad Educativa y ocupar los primeros lugares tanto en puntuación como en desempeño, se les ha negado la plaza a la que se hicieron acreedoras pese a que existe un laudo laboral a su favor. Para ellas, esto implica recibir cerca de millón y medio de pesos cada una más la reparación de daños y perjuicios, dado que la Secretaría de Educación no ha acatado el fallo.

Las hermanas Koyok son maestras de educación preescolar indígena en comunidades de los municipios de Calkiní y Hecelchakán. Pese a tener garantizada una nueva plaza y mejores estímulos económicos desde 2008, hasta el momento la Seduc no les ha cumplido, aduciendo que no hay dinero para cubrirlas, pese a que se trató de una convocatoria nacional con todo el respaldo de los gobiernos federal y estatal.

Un tercer caso es el de Juanita García Sánchez, ex empleada del Ayuntamiento de Escárcega, quien se desempeñaba en el departamento de Comunicación Social y fue despedida injustificadamente por el ex alcalde Atilano Mosqueda Aguayo, durante la administración de Ortega Bernés.

La quejosa, quien hoy lucha por su vida debido a la leucemia, también ganó el caso al Ayuntamiento, pero Mosqueda Aguayo nunca la restituyó en su puesto, como le ordenó la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Las cinco mujeres profesionistas se unieron ayer para implorar apoyo al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, “que estamos seguras, no tiene conocimiento de lo que nos está sucediendo”.

El abogado Rodríguez Vargas lamentó profundamente que la justicia laboral sólo esté cargada a favor de las instituciones o gente en el poder y deje en la indefensión a sus empleados, que dejan todos los años de su esfuerzo y dedicación sirviendo a su sociedad.

Las docentes señalaron que pese a que han hablado tanto con Martín Farías Maldonado, hoy con un cargo importante en la SEP a nivel nacional, y con su sucesor en la SEDUC, Ricardo Medina Farfán, su resolutivo no tiene para cuando, por lo que no descartaron tráfico de plazas durante la administración de Fernando Ortega, hoy embajador de México en Paraguay.


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