Hubert Carrera Palí
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Domingo 7 de mayo, 2017

La delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) no ha recibido denuncia por siembra de soya transgénica, aunque ya se incorporó a las consultas que sostienen los pueblos indígenas mayas con autoridades dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), responsables de que se acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó el titular de la dependencia Ignacio navarro Rábago.

En entrevista con la [i]Jornada Maya[/i], dejó en claro que todos estos asuntos son canalizados a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales. “Nosotros les enviamos una tarjeta informativa sobre el caso y ellos deciden si la admite o la dejan para que investiguemos”, aclaró.

Aseguró desconocer cuántas denuncias se han interpuesto ante esta delegación por siembra de soya transgénica, pero aseguró que todo tipo de delitos federales son atendidos, “Pues existen otras por tala ilegal, pero no sé en qué número”.

Indicó que la PGR está en la mejor disposición de atender todas las denuncias que se hacen por la siembra de soya transgénica, “en el caso que nos ocupa y por eso ahora hemos estando participando con comunidades indígenas mayas y autoridades responsables de la consulta para darles cause”.

Además dejó en claro: “Estamos escuchando las peticiones de los afectados, pero hasta el momento no tenemos denuncia por la siembra de soya transgénica”, precisó.

Consideró, sin embargo, que por la dinámica que tuvo el primer acercamiento con los afectados y con las autoridades responsables de vigilar que se respete la determinación de la SCJN, quizá próximamente se empiecen a recibir denuncias de esta naturaleza que inmediatamente procederemos a investigar.

Sin embargo, reiteró, tocará a la Fiscalía en Delitos Ambientales darle cause a todas estas inconformidades de las comunidades indígenas cheneras para que se proceda conforme a la ley.

Subrayó que la delegación estatal no ha procedido con algún aseguramiento, sanción o privación de la libertad de los presuntos responsables porque no cuentan con denuncias al respecto.


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