Delegada federal dará seguimiento a oposición al Tren Maya en Campeche

Jairo Magaña
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Jueves 6 de febrero, 2020

El próximo domingo por la mañana la delegada Katia Meave Ferniza, representante del Gobierno Federal en Campeche, dialogará con habitantes de los barrios tradicionales de Santa Lucía, la Ermita y de la colonia Camino Real, revisará documentación y además analizará el proyecto que el ex gobernador de Campeche había realizado y fue descartado por el gobierno federal antes que haya resistencia contra el proyecto.

Luego de amagar un día antes con la presencia de éstos en el evento de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en la plaza de la República, para luego notificar de última hora que no asistirían pues la delegada localizó a los integrantes del colectivo conformado por habitantes de las zonas mencionadas, el domingo será el segundo acercamiento directo con la representante del gobierno federal en Campeche.

Por el momento hay funcionarios de la coordinación del proyecto tomando cursos intensivos orientado por miembros de la organización ONU-HABITAT, organismo de la Organización de las Naciones Unidas que estará vigilante del proceso de conciliación entre los ciudadanos que no están de acuerdo con el proyecto, aunque en la ciudad la única oposición es por la ruta.

Según Lourdes Ganzo Rivera, quien ha encabezado estos movimientos pacíficos, fue la propia delegada quien les dio cita para el domingo a las 9 horas en la cancha techada del Camino Real, complejo deportivo que está apenas a dos metros de las vías férreas, violando el derecho de vía federal, pues no contaban con que el proyecto fuera de esta manera, en ese inmueble que construyó el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas.

Aunque no está confirmado, será el viernes cuando les notifiquen a los pobladores capitalinos en contra, quienes más asistirán a la reunión, esperando a que lleguen los coordinadores estatal y federal, así como los integrantes de ONU-HABITAT, pero con una mejor disposición de defender el patrimonio de los que se considerarán afectados por el proyecto.