Dos años y cinco meses después de los sucesos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) confirmó que hubo omisiones e irregularidades graves durante el operativo efectuado en la madrugada del 15 de marzo de 2024 en el reclusorio de San Francisco Koben, en que los mandos policiacos presuntamente pusieron en peligro la vida de al menos 600 elementos.
Luego de ese incidente en que más de 30 mujeres policías denunciaron que fueron víctimas de agresión sexual por parte de los reclusos, inició una protesta de los uniformados para pedir la destitución de sus jefes, entre ellos la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez. La sublevación policiaca, inédita en el país, se prolongó por 104 días.
De acuerdo con la investigación, más de 600 elementos policiales de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) fueron convocados desde la noche del 14 de marzo bajo engaños y falsas premisas. Los mandos les aseguraron que acudirían a un desalojo por el Tren Maya, al resguardo del evento deportivo "Ironman" o a brindar seguridad exterior en un evento público.
Antes de abordar las unidades, los superiores ordenaron despojar a los agentes de sus teléfonos celulares, llaves, carteras, armas de fuego, bastones retráctiles (PR24) y gas lacrimógeno. La única instrucción formal fue conservar su credencial de elector (INE) para "ser identificados si algo les pasaba".
El contingente —que incluía a más de 100 mujeres de la división "Mujer Valiente"— fue enviado sin plan estratégico, sin mapeo de riesgos, sin conocimiento de las instalaciones y sin equipo de protección antimotín.
Las pocas unidades de equipo disponibles estaban dañadas o dadas de baja, obligando a los agentes a ingresar desarmados o a retirar las placas balísticas de sus chalecos tácticos.
Los policías declararon que la instrucción recibida fue inspección de celdas, sin embargo, al ingresar, constataron que los reos ya los esperaban atrincherados con machetes, cuchillos, tubos, piedras y bombas molotov.
El expediente señala que "los mandos colocaron en las primeras líneas de contención a mujeres policías desprovistas de escudos o cascos". Al desatarse el enfrentamiento, varias agentes fueron retenidas, golpeadas salvajemente, víctimas de tocamientos lúbricos e intentos de agresión sexual violentos, sumado a amenazas explícitas de muerte y violación por parte de los internos.
Pese a que los agentes solicitaban auxilio por radio, ningún alto mando los atendió, por lo que fueron abandonados a su suerte. Aún más, la orden fue "no ingresar a rescatar a sus compañeras", pese a lo cual, varios elementos de tropa desobedecieron a sus jefes e ingresaron por iniciativa propia a las galeras para rescatar a los heridos y atrapados.
El operativo dejó un saldo masivo de agentes con traumatismos craneoencefálicos, fracturas, heridas punzocortantes, esguinces cervicales y severas crisis de estrés postraumático.
Tras la retirada a las 6 horas, las autoridades les negaron atención hospitalaria inmediata y los obligaron a incorporarse a sus turnos de patrullaje horas después.
La recomendación emitida por la Codhecam está dirigida al Prof. Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, secretario del gobierno del estado de Campeche; Cmte. Javier Herrera Valles, subsecretario del Sistema Penitenciario; y Marcela Muñoz Martínez, titular de la SPSC.
La Codhecam remitió copias certificadas del expediente y réplicas cerradas con la identidad resguardada de las víctimas a: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para investigar responsabilidades penales contra los mandos; la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, para fincar responsabilidades administrativas y procedimentales; y el Instituto de Acceso a la Justicia, para garantizar representación jurídica gratuita y la reparación integral del daño a las víctimas.
Edición: Estefanía Cardeña
