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Jairo Magaña
14/10/2026 | San Francisco de Campeche
La Sala Regional de Xalapa ordenó al Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) y al Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) dar cauce a la denuncia realizada por la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) D.R.C. en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Pedro Alcudia.
El caso resalta sobre el documento con expediente SX-JDC-362/2026, que el IEEC en primera instancia se declaró incompetente para resolver esta carpeta dado que la incidencia se presentó durante un ejercicio oficial de intercambio de diálogos y resultados entre las partes involucradas.
Dicha sentencia fue impugnada por el equipo jurídico que respalda a la legisladora, por lo cual el caso se fue al Tribunal Electoral del Estado, pero en esta instancia remarcaron la sentencia del IEEC, y le dieron sobreseimiento, es decir, la mandaron a archivar sin respuesta favorable o en contra.
La siguiente acción de la diputada y su equipo fue llevar el caso a la Sala Regional de Xalapa, donde la institución dio cauce, revisó las pruebas y, finalmente, ordenó a los órganos electorales locales darle el cauce correspondiente a la denuncia. Y notificar a las partes involucradas.
Esto podría finalizar, según José Clemente Manrrero Ortiz, abogado de la legisladora, en una inscripción al Registro Nacional de Personas Violentadoras de Género, y le podría suspender sus derechos político-electorales, debido al interés del presidente magistrado de buscar esta presidencia en 2028.
Hasta el momento, ni la diputada ni el funcionario han emitido una postura oficial al respecto, solo un comentario de la búsqueda de justicia por parte de la legisladora contra el funcionario.
El caso se presentó en el 2025 durante las comparecencias posteriores a la entrega de la Glosa del IV Informe de Gobierno de Layda Sansores San Román. Durante el proceso de preguntas a los funcionarios, la diputada lanzó diversas preguntas y, además de las respuestas, el funcionario ejemplificó casos de amparos exponiendo una carpeta de ella, cuando no era funcionaria.
Esto desató una serie de denuncias contra Alcudia Vázquez por violencia institucional y política en razón de género, algunas en dependencias estatales y otras en los árbitros electorales.
Edición: Estefanía Cardeña
