Difícil, el camino para erradicar OGM

Hubert Carrera Palí
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Miércoles 2 de noviembre, 2016

Tras celebrar y respaldar la iniciativa del gobierno del estado para que la Sagarpa declare a Campeche zona libre de transgénicos, Jorge Fernández Mendiburu, representante legal del Colectivo Apícola “Los Chenes”, consideró que la política actual del gobierno federal en materia de agricultura es impulsar todo tipo de transgénicos, por lo que en este sentido ve un escenario nada fácil.

En entrevista telefónica con [i]La Jornada Maya[/i], el litigante consideró que la iniciativa del gobierno del estado está sustentada en la demanda que vienen haciendo los pueblos mayas desde hace años, tal y como ha sucedido en Yucatán, donde la Sagarpa negó la declaratoria pero el gobierno de esa entidad asume el papel protagónico con una declaratoria muy bien sustentada que sienta un precedente y una controversia por tratarse de un asunto de orden federal.

De igual manera, Fernández Mendiburu calificó de muy pasiva y negligente la actitud asumida por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al dejar solos a los indígenas mayas en su persistente petición de modificar la actividad agrícola en la península, debido a las consecuencias negativas que ha dejado la siembra de transgénicos, lo cual repercute en el deterioro económico, de la salud y del medio ambiente.

“El reflejo de la pobre actitud asumida por el Senasica quedó de manifiesto durante la pasada consulta indígena en Hopelchén, donde se demostró que pese a que hay un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la siembra de soya transgénica persiste y pese a que hay nombres de responsables no actúa. Hasta el día de hoy no tenemos información de los análisis de muestras presentados, pero es curioso porque estamos en plena temporada de cosecha del transgénico, con lo que se pretende ocultar todo”.

Aunado a lo anterior, agregó, no sabes qué medidas de bioseguridad ha adoptado el Senasica ante un riesgo potencial y las afectaciones que causa la siembra de soya transgénica.

Consideró que la actitud del Senasica es entendible, ya que respalda totalmente la política agrícola del actual gobierno federal, que se sustenta en la siembra y el aprovechamiento de transgénicos, por lo que considera que, pese los argumentos que plantee el gobierno de Campeche, no se conseguirá el estatus de estado libre de organismos genéticamente modificados.

Consideró, sin embargo, que de lograrse este pronunciamiento, hay que estar muy pendientes puesto que por un lado se puede dar la declaratoria por parte de la Sagarpa, pero por otro lado se introduzcan semillas o cultivos que son todavía más dañinos, como la palma de aceite que es extremadamente depredadora.

Los pueblos indígenas mayas están exigiendo una agricultura orgánica, una actividad que no les afecte en lo económico, en la salud, el medio ambiente y el patrimonio biocultural, abundó.

Reiteró que frente a una demanda sustentable no se deben fomentar políticas públicas alternas que dañen todavía más la actividad agrícola. Por el contrario, se debe transitar hacia mejores beneficios en la actividad y en la vida de las comunidades indígenas.

Consideró que la actitud que asumirá el gobierno del estado, así como el curso legal que siga la solicitud para que la Sagarpa declare a Campeche zona libre de soya transgénica, cuenta con el respaldo de las comunidades indígenas mayas.

El abogado consideró que lo ideal es que toda la península de Yucatán logre la declaratoria de entidades libres de transgénicos, pero eso está por verse ante una actitud de respaldo total a la siembra de transgénicos por parte de este gobierno federal.

Por lo pronto, el gobierno de Yucatán ya dio el primer paso y esto deja un precedente muy importante, independientemente de que la declaratoria no sea de su competencia, por lo que en este sentido se crea una controversia que de ser necesario deberá dirimirse en los tribunales, consideró.

El decreto promulgado por el gobierno de Yucatán tiene bases suficientemente firmes como para ser desechado, sobre todo porque aborda dos aspectos muy relevantes, como la economía y la salud de los pueblos mayas, concluyó.