Campeche es el tercer estado en aplicar más programas o acciones durante la contingencia por el COVID-19, con un total de 43, sólo después de Tamaulipas que implementó 72 y Morelos con 50, de acuerdo con el estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su documento: Panorama de los programas y acciones sociales en las entidades federativas para dar respuesta a los efectos de la pandemia.
De la península también destaca Yucatán como la entidad con más programas en materia de empleo, con 20, y también, junto con Quintana Roo, son las dos entidades con más acciones relacionadas con el derecho a la vivienda, cada una con cuatro programas de subsidios temporales y conexión al sistema de agua potable.
En empleo informal Campeche tuvo cinco programas que lo ubicaron en la sexta posición.
En derecho a la educación, Campeche es el segundo, después de Tamaulipas, con dos programas para homologar los conocimientos, detalla el Coneval en un comunicado.
En acciones relacionadas con el derecho a la alimentación Campeche está en séptimo sitio, Yucatán en 13 y Quintana Roo en 28.
En derecho a la salud fue tercero, con 17 programas, de ellos 15 fueron para atención a víctimas de violencia de género, uno de disponibilidad de camas y otro de reforzamiento del equipo básico en el primer nivel de atención; Quintana Roo fue el séptimo con nueve programas y Yucatán más abajo, en el 26, con un programa de atención a mujeres víctimas.
De marzo a agosto de 2020 fueron identificados 667 programas y acciones sociales estatales que contribuyen a la atención de los derechos sociales y otorgan algún bien o servicio directo a la población.
En términos generales, de acuerdo con el Coneval, 376 se relacionan con el bienestar económico, 185 con el derecho a la salud y 142 con el derecho a la alimentación.
De las medidas, 42.7 por ciento es resultado de un ajuste a programas que ya existían y 50.1 es por intervenciones nuevas que permitieron dar respuesta a la crisis. Los principales ajustes consistieron en ampliaciones presupuestales y de cobertura.
“Si bien se reconoce el esfuerzo y la respuesta inmediata de los gobiernos estatales, se debe contar con una estrategia integral nacional y coordinada; documentar y hacer públicas las herramientas para diseñar, monitorear y evaluar las intervenciones, y se requiere la coordinación de los tres niveles de gobierno”, afirma la institución.
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