Colectivo Tres Barrios quiere suspensión definitiva del Tren Maya

De ser necesario, habitantes que integran el colectivo Tres Barrios, en Campeche, asistirán a los máximos organismos de Derechos Humanos para que suspendan de manera definitiva el proyecto del Tren Maya en su tramo dos que comprende de Escárcega al municipio de Calkiní, aseguró Guadalupe Cáceres, quien insistió en que las vías férreas las deben reubicar. 

El pasado miércoles, el Juzgado Primero de Distrito de Campeche concedió una suspensión provisional a la primera fase de la etapa de Relocalización Consensuada.

Al respecto, Guadalupe Cáceres, integrante del colectivo Tres Barrios y representante principal del tradicional Barrio de Santa Lucía, destacó que ella está dispuesta a llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o al organismo que deba asistir para que no la muevan de su vivienda porque “es un legado que nos dejó la familia, que recibió mi mamá, luego yo y quiero que mis hijos sigan aquí”, expresó.

Como colectivo dijo que sienten alivio que las autoridades de procuración de justicia están del lado de los ciudadanos, aunque les dejó un vacío que la suspensión sólo sea por los siguientes días pues el próximo 9 de marzo volverá a sesiones el juzgado y determinará si dicho dictamen provisional continúa o no.

Esto viene a presentarse luego que denunciaran en diversas ocasiones que cuando inició la pandemia en marzo del año pasado, la delegación Tren Maya de la mano de ONU-HABITAT continuó con el proceso de consulta a las más de 400 familias que resultarían afectadas por la continuidad del proyecto en medio de la ciudad y que tiene las vías férreas a menos de 20 metros de distancia de sus viviendas.

Recordó que “llegamos antes que las vías férreas se asentaran, y el organismo, contratado básicamente por el gobierno federal para buscar un acuerdo con nosotros, no da más opción que la reubicación de las familias, es decir, todo terminará en un desalojo forzoso y es a lo que le tenemos miedo, porque el legado histórico no tiene precio y quieren desaparecer parte de la historia de cómo crecieron estos barrios tradicionales”, dijo.

Doña Lupita, como la conocen, insistió que el proyecto debe tener más opciones, pues destacó que a raíz que sintieron la amenaza de desalojo desde el año pasado, comenzaron con los procesos jurídicos, el primer amparo concedido al colectivo fue por la situación de la pandemia y la consulta que continuaba, ahora ingresaron una segunda solicitud de amparo para la suspensión total del proyecto, tal como ha ocurrido en otros tramos.

De acuerdo con el representante jurídico del colectivo Tres Barrios, Kalycho Escoffié, la demanda fue firmada por 80 ciudadanos y esta suspensión da inicio oficialmente al proceso jurídico en contra del proyecto en el tramo 2 del proyecto del Tren Maya en Campeche, y recordó que el 19 de diciembre del año pasado los habitantes de dichos barrios entregaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una carta exponiendo su caso.

También dijo que han comenzado a investigar y a asesorarse no sólo jurídicamente, sino que hoy tienen estudios orográficos, de factibilidad, de impacto ambiental y de estructura social que en conjunto dejan en claro que el paso de las vías férreas vendrá a segmentar la ciudad por el paso constante de los trenes a una velocidad de 160 km/hora.

Además de los estudios orográficos de la ciudad, destaca que el suelo de Campeche no es idóneo para un proyecto de esta magnitud, pues al existir cuevas y suelo calizo, el peso, la velocidad y el constante del paso ocasionarán hundimientos.

Otro de los informes que han recibido pero por parte de la delegación Tren Maya Campeche, es que no pueden reubicar las vías por el tipo de terreno que tiene la zona externa de la ciudad, donde según hay zonas altas que deben rebajar y esto tendría un costo mayor para el proyecto, situación que la ciudadano negó de acuerdo a los estudios que ellos tienen como argumento para defenderse.

Finalmente dijo que deberán esperar al 9 de marzo para tener la grata o mala noticia de la suspensión o continuidad del proceso de relocalización consensuada hasta que termine el juicio de amparo.

Edición: Laura Espejo