Campeche apunta a lo más alto de sus aspiraciones de justicia: TSJE

Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Miércoles 12 de septiembre, 2018

“Con un Poder Judicial fortalecido, con un Poder Legislativo democrático y con un Poder Ejecutivo firme, Campeche apunta a lo más alto de sus aspiraciones de justicia, representatividad y de desarrollo” destacó Carlos Miguel Aysa González, secretario general de Gobierno al presidir el informe anual de actividades del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Durante el evento, que tuvo lugar en salón de actos, Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, Aysa González subrayó que el estado de derecho no es una simple expresión, es toda una estructura jurídica e institucional que tiene el deber de ser garante del imperio de la ley.

“El orden jurídico y el orden social nos convienen a todos porque son las bases de certeza para el logro de nuestras aspiraciones de desarrollo político, económico y social”, apuntó ante jueces, magistrados y organizaciones de abogados que se dieron cita.

También destacó que “tengamos plena convicción de que al afianzar los pilares de la legalidad y la justicia, una mejor realidad se construye para Campeche”.

Destacó que en el TSJE hay profesionalismo, conocimiento del derecho, sentido de justicia y, sobre todo, hay vocación de servicio y por la justicia que se ejerce en el marco de plenas libertades que prevalecen en la entidad.

Añadió que como gobierno, con total firmeza, “nos hemos pronunciado por procesos justos donde la razón asista a quien la tiene”.

Dijo que los campechanos de bien siempre quieren lo mejor para el estado, reconociendo los aciertos y señalando los desafíos con ímpetu constructivo; así como jamás dejarán pasar agravios que afecten la vida de la sociedad y de las personas.

Durante la lectura de su informe, el presidente del TSJE, Miguel Ángel Chuc López precisó que el Poder Judicial de Campeche permanece activo. Por eso, la acción de informar se sustenta en la premisa fundamental de que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se imparte la justicia.