Texto y foto: Gabriel Graniel Herrera
La Jornada Maya
Ciudad del Carmen
Martes 11 de septiembre, 2018
El presidente municipal Pablo Gutiérrez Lazarus es un delincuente que ha violentado diversas leyes y a quien se le ha permitido desobedecer mandatos judiciales, por lo que debe ir a la cárcel, afirmó Juan Carlos Simón Díaz, locatario del mercado Alonso Felipe de Andrade, quien acusó que el alcalde, violentando un mandato judicial, se niega a entregar los locales que le fueron ganados mediante amparos, ya que pretende beneficiar a su madre para que instale una mercería.
En rueda de prensa, acompañado otros locatarios, Simón Díaz advirtió que los legítimos propietarios de los locales procederán legalmente, “y aunque termine su mandato y concluya su administración, no habrán de detenerse hasta no verlo tras las rejas”.
[b]Futura mercería[/b]
Calificó a Gutiérrez Lazarus de delincuente de cuello blanco, por pretender despojar a los locatarios de tres locales, para lo cual ha argumentado que no se encuentran sus números, instalando oficinas municipales en los que les corresponde, sin contar con los servicios necesarios para ello.
“Pablo Gutiérrez busca apropiarse de ellos para ubicar en estos puestos la sucursal del Delfín 2, negocio de mercería de su madre, Rosmery Lazarus, por lo que pretende despojarnos de lo que por derecho nos corresponde”, aseveró el locatario.
Mostró documentos en los que el juez ordena a la comisión edilicia de Servicios Públicos dictaminar dictamine sobre estos locales, lo cual fue favorable para los locatarios, y que la administración del mercado haga entrega de estos espacios, lo cual han evitado hacer borrando arbitrariamente los números que previamente se habían rotulado.
[b]Preparan salida[/b]
Por su parte, Manuel Jesús Rebolledo, otro de los locatarios afectados, señaló que tanto el alcalde como Néstor Solana, director de Servicios Públicos, está preparando su salida de la isla al término de su gestión. “Sin embargo, los habremos de seguir hasta donde estén, para que la acción de la justicia los alcance”.
Recordó que al inicio de la presente administración le exigieron el pago de un año y tres meses del derecho de piso de un local. Ahora los funcionarios le dicen que no es locatario, luego que cobraron estos recursos.
Abundó que el objetivo de los funcionarios es beneficiar a personas foráneas, quienes no quieren que se les haga competencia.
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