Denuncian al rector del Instituto Campechano por "terrorismo laboral"

Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Martes 11 de septiembre, 2018

Elías Alfonso Huchín Xool, ex secretario general, y Gustavo Guzmán Arias, ex secretario de acuerdos del Sindicato Único de Trabajadores Académicos, Administrativos y Manuales del Instituto Campechano (SUTAAMIC) denunciaron que el personal es víctima de terrorismo laboral orquestado por el rector de ese instituto, Fernando Sandoval Castellanos, y por el “espurio” secretario de justicia y vigilancia, Sergio Pino Justiniano.

En conferencia, Huchín Xool indicó que a casi tres años de haber promovido un juicio de amparo federal en contra del proceso de renovación de la directiva sindical del Instituto Campechano, llevada a cabo el 13 de noviembre de 2015, la autoridad federal resolvió como improcedente por no apegarse a los estatutos sindicales, y la Junta Especial número dos de Conciliación y Arbitraje del estado de Campeche se ha negado a hacer una revisión, y en contubernio con la Rectoría del Instituto Campechano, han negado llevar a cabo una asamblea para dar continuidad a la vida sindical de la institución, por lo que el SUTAAMIC permanece acéfalo.

Derivado de las pugnas internas del sindicato, mencionaron que la Junta Local Especial Número dos, de manera fraudulenta nombró a Sergio Pino Justiniano como presidente del comité de vigilancia del sindicato, en tanto se resuelve la problemática, sin que sea acreditado por la base sindical, por lo que consideran ilegal que esta persona esté cobrando las cuotas sindicales, además de manejar la plazas a su antojo.

Señalaron que debido a la indefensión por la falta de una dirigencia sindical, Sergio Pino Justiniano, en contubernio con el decano Héctor Leopoldo Moreno Herrera, y el Rector del Instituto Campechano, iniciaron una serie de despidos injustificados y jubilaciones forzadas basadas en amenazas, chantaje y acoso laboral, motivo por el cual piden la intervención de las autoridades educativas, del Congreso del Estado y de los propios legisladores federales, a fin de que no se sigan violentando los derechos de los trabajadores sindicalizados.