Armando G. Tejeda
Foto: Ap
La Jornada Maya
Madrid, España
Martes 12 de junio, 2018
El Tribunal Supremo (TS) español, la máxima instancia en materia penal, confirmó los cargos por los que fue condenado el cuñado del Rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, y únicamente rebajó en cinco meses la pena de presión, que ahora será de cinco años y 10 meses. Con esta sentencia, el ex miembro de la Familia Real deberá entrar en prisión en los próximos días, salvo que presente y se admita a trámite un recurso que todavía podría presentar ante el Tribunal Constitucional.
Urdangarin está en el eje de una trama de corrupción político-empresarial denominada “caso Noos”, en la que se le sitúa como el operador y cerebro de una red delictiva con la que se desfalcaron varios millones de euros al erario público, se consiguieron contratos con la administración pública a cambio de comisiones y hasta se sustrajeron fondos en beneficio particular de programas de ayuda al desarrollo o a la desnutrición infantil en países de América Latina, como Nicaragua.
El TS también condena a cinco años y ocho meses a su exsocio Diego Torres por malversación, prevaricación y fraude a la administración y le absuelve de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad (por los mismos motivos que a Urdangarin).
El Supremo, además, mantiene la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de la hermana del monarca español, la infanta Cristina y de Ana María Tejeiro (esposa de Torres) por delitos de malversación y fraude a la administración, pero el alto tribunal anuló la responsabilidad de ambas en los delitos contra la Hacienda Pública. Este cambio implica que la cuantía que debe abonar la infanta se reduce de los 265 mil euros impuestos por la Audiencia de Palma a 136 mil euros.
La Audiencia de Palma, que es a la que le corresponde ejecutar la sentencia, puede decretar directamente el encarcelamiento del cuñado del Rey. Pero la defensa de Urdangarin puede a su vez pedir el indulto o recurrir en amparo al Constitucional y solicitar a la Audiencia de Palma que deje en suspenso el ingreso en prisión hasta que el tribunal decida si admite a trámite el recurso, lo que puede demorarse varios meses.
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