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Foto: Afp
La Jornada Maya
Madrid, España
Viernes 6 de abril, 2018
El gobierno español afirmó hoy que el proceso de entrega a España del líder independentista catalán, Carles Puigdemont, por parte de la justicia alemana aún continúa y queda claro que “no es un perseguido político”.
El ministro portavoz del gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, indicó que “se respeta y acata” la decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) que dejó en libertad bajo fianza a Puigdemont y descartó la acusación de rebelión.
Explicó que son los jueces de Alemania y España los responsables de hacer una interpretación de la ley y de aplicar los procedimientos judiciales, y por tanto ellos resolverán.
Reiteró que el tribunal alemán no ha dicho la última palabra sobre el objetivo, que es la entrega a España del líder independentista, al que aún se puede juzgar en este país por malversación de fondos públicos.
Sostuvo que la decisión del tribunal alemán deja en claro que Puigdemont “está sometido a un proceso judicial y que no es un perseguido político”.
En tanto, la Fiscalía General del Estado informó que estudiará la eventual posibilidad de ejercitar las acciones pertinentes para la protección y defensa del orden jurídico europeo relativas a la OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En un comunicado, el Ministerio Público indicó que la decisión decretada por el tribunal alemán “afecta exclusivamente a la medida cautelar adoptada respecto a Puigdemont, pero no es una medida definitiva, en el sentido que no entra a prejuzgar el fondo del asunto relativo a la entrega del mismo”.
Recordó que según el esquema de cooperación judicial de entrega, “la función de las autoridades centrales en la ejecución de una orden de detención europea debe limitarse a un apoyo práctico y administrativo”.
La comunicación de la Fiscalía se dio después de que fuentes judiciales informaron que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, podría recurrir al TJUE para revisar por qué la justicia alemana no considera válida la acusación por rebelión.
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