Texto y foto: Ap
La Jornada Maya
Seattle, Estados Unidos
Miércoles 18 de diciembre, 2019
El estado de Washington interpuso este martes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para tratar de frenar su práctica de detener personas en tribunales por violaciones de inmigración, con el argumento de que la medida interfiere con la autoridad estatal para operar su propio sistema judicial y que pone en riesgo la seguridad pública.
La querella entablada en una corte de distrito en Seattle señala que cuando los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) vigilan los pasillos y estacionamientos de los tribunales, desalientan a las víctimas de delitos y testigos e interfieren con los procesos penales.
Entre los cientos de personas que han sido arrestadas recientemente en tribunales de Washington, se incluye a víctimas de agresión y de violencia doméstica que buscaba una orden de protección, así como un hombre con hijos de nacionalidad estadunidense y con una solicitud pendiente de residencia legal permanente, señaló el secretario de Justicia del estado, Bob Ferguson, en una conferencia de prensa.
“Las autoridades federales de inmigración detienen a personas que no tienen antecedentes criminales. Detienen a gente que paga multas de tránsito. Detienen a personas que son víctimas de delitos”, comentó Ferguson. “Como resultado, y no es nada sorprendente, los individuos se niegan a participar en nuestro sistema de justicia”.
Una demanda similar presentada en Massachusetts resultó en una orden preliminar que impedía a los agentes de inmigración realizar detenciones de civiles, una decisión que Ferguson describió como una “guía” para el caso de Washington. El gobierno de Trump ha apelado ese fallo.
La denuncia en Washington aumenta las tensiones entre las autoridades estatales y federales sobre la aplicación de las leyes de inmigración. Las autoridades federales han insistido que las políticas “santuario” estatales y locales que limitan la cooperación con los agentes de inmigración son un riesgo a la seguridad pública debido a que dificultan la deportación de criminales peligrosos.
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