Protestas en Cataluña por detención de líderes independentistas

Armando G. Tejeda
Foto: Ap
La Jornada Maya

Madrid, España
Martes 17 de octubre, 2017

Concentraciones de protesta en todos los ayuntamientos catalanes, caceroladas por la noche que duraron más de 15 minutos, paros laborales, cierra de calles y carreteras y la proliferación de pintadas en las calles son hasta ahora las principales consecuencias al encarcelamiento de los dos principales líderes civiles del movimiento independentista, Jordi García y Jordi Cruixat. “Los Jordis”, como se les llama de forma coloquial, pasaron la noche en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real y ahí permanecerán en las próximas semanas hasta que se avance en el proceso judicial abierto en su contra por el delito de “sedición”.

Ayer, cerca de las diez de la noche, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó el envío a prisión sin derecho a fianza de los dos dirigentes separatistas, a los que consideró “corresponsables” de los ataques y asedio a unas patrullas de la Guardia Civil y de representantes de la judicatura en una intervención realizada el pasado 20 de septiembre, en la Consejería de Economía de la Generalitat, donde se incautaron de documentación relacionado con el proceso de secesión y se detuvo a un alto dirigente de la entidad, Josep María Jové, mano derecha del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.

Por estos hechos fueron acusados de “sedición” cuatro destacados representantes de Cataluña, además de “los Jordis”, el mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, y su intendente, Teresa Laplana, a quienes no se les detuvo pero sí se les retiró el pasaporte, se les prohibió salir del país y tendrán que comparecer ante la justicia cada 15 días.

La detención de “los Jordis” sentó como un jarro de agua fría en Cataluña, donde se vivió con especial malestar al tratarse de dos de las figuras más destacadas del movimiento secesionista y que han estado detrás de las manifestaciones de los últimos años y de la organización de las campañas internas y externas a favor del derecho a decidir. Por eso su ingreso en prisión provocó la indignación de la mayoría de la sociedad catalana, incluidos partidos políticos que están en contra de la independencia o que mantienen una postura ambigua sobre el asunto, como es el caso del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y la marca electoral de Unidos Podemos (UP) en la región.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que pertenece a un movimiento político propio pero con vínculos a UP y la izquierda catalanista, anunció la suspendió de las actividades del consistorio en los próximo dos días como señal de protesta por las detención, que calificó de “vergüenza democrática”.

De hecho, la propia Colau presidió la concentración que se llevó a cabo en la sede del Ayuntamiento, junto con otros miembros de su gobierno y del gobierno de la Generalitat de Cataluña, quienes, por cierto, dieron por roto el diálogo con el gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, al considerar que las detenciones son un “acto de agresión en toda regla”.

De hecho su consejero de Exteriores, Raül Romeva, acusó al gobierno español de crear “inseguridad jurídica” y de haber perpetrado hasta ocho delitos graves en el referendo del pasado 1 de octubre.

“No estamos ante un asunto interno de España, sino que por todas sus dimensiones tiene transcendencia más allá de las fronteras del Estado y que afecta al conjunto de la Unión Europea”, señaló, en un nuevo intento porque las instituciones comunitarias se involucren en un proceso de diálogo, que hasta ahora han rechazado al menos como mediadores. “Hay un problema sobre la mesa que se tiene que abordar. Negar la realidad no hará que esta desaparezca, por mucho que a alguien le incomode. Abordar la realidad solo se puede hacer reconociéndola”, añadió Romeva.