Armando G. Tejeda
Foto: Ap
La Jornada Maya
Madrid, España
Sábado 23 de septiembre, 2017
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España presentó este viernes una denuncia por delitos de “sedición” contra dos de los principales líderes del movimiento independentista en Cataluña, Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart, dirigente de la plataforma cultural Òmnium. Es un delito grave por el que podrían ser condenados a penas de entre ocho y 15 años de prisión y, en caso de que sea admitida a tramite, supondría también su detención inmediata.
El gobierno español del presidente derechista Mariano Rajoy ha adoptado una serie de medidas para intentar suspender o anular el referendo de independencia convocado para el 1 de octubre. Hasta el momento ya han sido detenidos y puestos en libertad con cargos 14 personas, de los cuales 12 son altos funcionarios de la Generalitat de Cataluña encargados de organizar la consulta ciudadana. Además se registraron 41 sedes de oficinas públicas, empresas y partidos políticos en las que se encontraron diez millones de papeletas que iban a ser utilizadas el día de la votación.
La Fiscalía presentó la denuncia contra la ANC y Òmnium, que son dos plataformas ciudadanas que promueven desde hace más de cinco años el movimiento por la independencia y están llaman a la movilización social para responder a la ofensiva del gobierno español.
La denuncia por considera que se han producido hechos constitutivos del delito de “sedición”, penados con hasta quince años de cárcel, y que se debe actuar contra quienes resulten culpables de los mismos.
El artículo que cita la Fiscalía en su denuncia es el 544 del Código Penal español, que establece que “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza, o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
Los fiscales españoles sostienen que las personas que dirigen las movilizaciones que se han registrado en Cataluña desde el pasado miércoles suponen un intento “ilegal” por anular el auto del Tribunal Constitucional, en el que suspendió las leyes aprobadas por el Parlamento catalán para llevar a cabo el proceso independentista.
En el escrito, la Fiscalía advierte que “una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales”.
Lejos de mitigarse, la protesta ciudadana catalana, ésta se incrementa. En Barcelona, más de 5 mil estudiantes, según la Guardia Urbana, se concentraron más de cinco horas a las puertas de la Universidad de Barcelona, en el campus principal, con lemas y pancartas a favor del referendo y en contra de las medidas judiciales y policiales adoptadas por el gobierno español.
Los estudiantes anunciaron que las protestas y el movimiento en las calles se mantendrán hasta el próximo 1 de octubre y con el mismo lema y objetivo: poder votar en un referendo de autodeterminación.
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