La corte suprema de Brasil analiza desde este miércoles en sesión plenaria la anulación de las condenas por corrupción contra Luiz Inácio Lula da Silva, dictada por uno de sus jueces, que le restituyó al expresidente izquierdista los derechos políticos.
En este nuevo juicio con potencial de sacudir la política brasileña, los 11 magistrados también podrían pronunciarse sobre la decisión posterior de una sala de la alta corte de declarar “parcial” al ex juez Sergio Moro en la condena por la que el ex mandatario izquierdista fue a la cárcel.
El juez Edson Fachin desató el 8 de marzo una tormenta al considerar que el tribunal de Curitiba (sur) que condenó a Lula, de 75 años, por dos causas no tenía competencia para hacerlo y que el exmandatario (2003-2010) debe ser juzgado nuevamente por la justicia federal en Brasilia.
Esas causas, por las cuales Lula siempre se declaró inocente, están vinculadas con la investigación Lava Jato sobre sobornos pagados a políticos para obtener contratos en la estatal petrolera Petrobras.
La Fiscalía General de la República (PGR) recurrió la anulación de las sentencias, pero Fachin rechazó el recurso y determinó que sea el pleno de la máxima corte quien decida.
La decisión de Fachin no tornó a Lula inocente, pero abrió la puerta para que el líder izquierdista desafíe en las elecciones de 2022 al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, su enemigo declarado, cosa que todavía no ha decidido.
Si la alta corte refuta ahora la tesis de Fachin, el exmandatario perdería ese derecho.
Una fuente del Supremo Tribunal Federal dijo a la AFP que es muy probable que el juicio se alargue más allá de este jueves.
Lula fue declarado culpable por Moro en 2017 de corrupción y lavado como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista ofrecido por una constructora.
Tras ser condenado en segunda instancia, en 2018, estuvo detenido 18 meses y quedó fuera de la carrera presidencial ganada por Bolsonaro.
Un golpe a la Lava Jato
El ex líder sindical fue liberado después de que la corte suprema determinara en noviembre de 2019 que los condenados tenían derecho a agotar todos los recursos judiciales antes del cumplimiento efectivo de la pena.
Ese mismo mes fue condenado a 17 años en segunda instancia por otro caso, acusado de recibir sobornos de constructoras bajo forma de obras en un sitio en Atibaia (Sao Paulo).
Lula tiene pendientes otras dos denuncias en Curitiba, que por la decisión de Fachin también pasaron a Brasilia, así como por lo menos otras tres causas que ya se hallan en el Distrito Federal.
Aunque no está en la agenda de la sesión, el plenario podría pasar a analizar también si avala la decisión, también de marzo, de que el exjuez Moro actuó con parcialidad en la condena a Lula en el caso del apartamento.
Ese fallo es un nuevo revés a la Lava Jato, de la que Moro era la principal figura y que llevó a la cárcel a decenas de empresarios de primer plano y a políticos de casi todos los partidos.
Y tiene implicaciones políticas, porque Moro terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, hasta que salió del cargo tras enemistarse con el mandatario, y numerosos analistas lo sitúan en la carrera presidencial en 2022.
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