El Comité Nacional del Paro (CNP) informó este viernes que entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitará Colombia la siguiente semana, un protocolo de garantías para ejercer la protesta social en el país ante la represión policiaca registrada en el contexto del paro nacional y las multitudinarias manifestaciones contra el gobierno del presidente Iván Duque iniciadas desde el 24 de abril.
Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CTU), explicó en conferencia de prensa, a la que tuvo acceso La Jornada, que el documento se dirigirá al órgano regional de la Organización de los Estados Americanos para que dé garantía sobre las violaciones de derechos humanos que se han registrado durante las protestas.
Según el líder sindical, el CNP tiene registro desde el inició el paro hasta la fecha que la represión ha dejado 3 mil 800 casos de violencia contra manifestantes pacíficos, más de 60 homicidios, mil 600 detenciones arbitrarias, 65 personas con lesiones oculares por disparos de balas de goma, más de 20 mujeres agredidas de manera sexual y varios casos de ataques de género.
El protocolo, de acuerdo con el líder sindical, se basa en tres puntos principales: la no implementación de la fuerza militar para reprimir las protestas, la no portación de armas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios durante las marchas y que la represión sea el último recuso del gobierno en las marchas.
Maltés señaló que pese a que estos puntos fueron acordados con distintas autoridades el 24 de mayo, el gobierno central se ha negado a afirmarlos. “Colombia completa 38 días del paro nacional debido a que el presidente Duque se niega a realizar un diálogo social real y prefiere la presión y la brutalidad policial”, expresó.
Aseguró que por estas razones “hemos invitado a la CIDH a que haga presencia en Colombia desde hace aproximadamente un mes, pero el gobierno se ha negado sistemáticamente a este evento y apenas en esta semana lo autorizó”.
El presidente de la CTU apuntó que también la convocó debido a que el gobierno central optó por la militarización y un estado de conmoción vía decreto en ocho departamentos y 13 ciudades del país en plena movilización social.
Un equipo de la CIDH estará en Colombia entre el martes y el jueves de la siguiente semana para revisar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas antigubernamentales.
Tras los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmados en 2016, Maltés aseguró que el principal problema en el país ya no es la guerra, sino la desigualdad social, la distribución de los ingresos, el aumento de la pobreza y desempleo, la deserción escolar y el quiebre de la salud pública, entre otros factores que han aumentado con la pandemia de Covid-19.
Los representantes de ambos sectores se reúnen este viernes otra vez, como lo hacen desde el 7 de mayo, con la intención de alcanzar algún acuerdo. Aunque no aglutina a todos los sectores que rechazan las políticas de Duque, un eventual acuerdo con el comité es visto como un paso importante para la desactivación de la crisis nacional.
El Ejecutivo condicionó el inicio de la mesa de negociaciones al levantamiento de todos los bloqueos viales realizados en el contexto del paro nacional, a lo que el comité parista replicó que se trata de una medida legal en medio de la protesta, y demanda el repliegue de militares y policías de varios municipios como muestra de garantías para la protesta social.
Edición: Laura Espejo
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