América Latina enfrenta algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas, afirmó la organización Human Rights Watch (HRW) al presentar su Informe Mundial 2022.
"El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados", dice la directora interina de HRW para las Américas, Tamara Taraciuk Broner, en un comunicado que acompaña el informe.
El texto añade que este retroceso se da en medio de la pandemia del Covid-19, que supuso un desafío en todos los órdenes para los países de la región, pero también dio a los gobiernos la oportunidad de implementar medidas arbitrarias.
Para la organización, algunos gobiernos han usado la emergencia sanitaria mundial como pretexto para violar derechos humanos.
HRW alerta además que en muchos países niños y niñas enfrentaron obstáculos para acceder a la educación como resultado de restricciones relacionadas con la pandemia.
"Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador", añade Taraciuk Broner.
Fracaso de los líderes democráticos
La organización llamó a los líderes democráticos esforzarse para hacer frente a los principales desafíos globales (el cambio climático, el Covid-19, la pobreza y la desigualdad, entre otros) en vez de priorizar sus propios intereses y preocupaciones a corto plazo.
"Los líderes democráticos de hoy fracasan en combatir los desafíos globales que enfrentan", dijo el director ejecutivo de la ONG, Kenneth Roth, citado en el informe.
Según el organismo, los estos deben hacer "un mejor trabajo para abordar los problemas nacionales y globales con la finalidad de demostrar que la democracia, de hecho, cumple con su cometido".
Sólo si se logra esto, agrega el texto, la democracia florecerá en la contienda con la autocracia.
"Promover la democracia significa defender las instituciones democráticas, como tribunales independientes, medios de comunicación libres, parlamentos robustos y sociedades civiles vibrantes", indica el informe que resalta que son prácticas necesarias incluso si cuestionan "las políticas del poder ejecutivo".
El Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch publicado este 13 de enero examina la situación de los derechos humanos en casi 100 países donde trabaja la organización.
El informe cita ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil en los distintos países de América Latina. Aquí un repaso:
Militares mexicanos cometen abusos
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amplió en forma considerable el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y otros ámbitos civiles, propiciando abusos y violaciones de derechos humanos, señala el informe mundial 2022 de HRW publicado hoy
"México ha dependido en gran medida de las Fuerzas Armadas para controlar el narcotráfico y la delincuencia organizada, propiciando violaciones generalizadas de derechos humanos", dice el documento en el capítulo dedicado al país latinoamericano.
Entre 2013 y 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 3 mil 799 denuncias relacionadas con "abusos militares", detalla el texto.
Asimismo, indica que el jefe del Ejecutivo mexicano "ha ampliado considerablemente el ámbito en el que actúan las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos" de infraestructura.
"La Guardia Nacional es dirigida por militares, recibe entrenamiento de militares y está integrada mayormente por soldados", reseña el informe al recordar la creación de este cuerpo en 2019, por iniciativa presidencial.
En mayo de 2020, el presidente encomendó formalmente a las fuerzas militares que apoyaran a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.
En 2021, López Obrador "ha demostrado sus inclinaciones autocráticas: intentó intimidar periodistas, manipular la justicia y neutralizar los controles a su poder", indica HRW en un resumen del capítulo mexicano publicado en la cuenta de Twitter de la organización.
Impunidad en México
HRW denuncia que las violaciones de derechos humanos han continuado durante el gobierno de López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018.
El documento incluye un recuento de casos de torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos.
"Estos hechos suelen quedar impunes", señala el texto que dedica un extenso capítulo al país.
Actualmente, los militares están habilitados legalmente para acciones que competían al ámbito civil, por ejemplo, "detener a civiles, hacerse cargo de las escenas del crimen y proteger evidencias".
Durante gobiernos anteriores, encomendar estas tareas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos, recuerda HRW.
En julio de 2021, el presidente dio un paso más y propuso "traspasar formalmente el control de la Guardia Nacional de funcionarios civiles al secretario de la Defensa Nacional".
El reporte añade que, en septiembre de 2021, la Secretaría de Defensa admitió que "al menos 47 personas habían muerto o resultado heridas en acciones de las Fuerzas Armadas durante la presidencia de López Obrador", según información obtenida a través de solicitudes de transparencia que presentaron periodistas.
La Secretaría de Defensa ha pagado indemnizaciones a las familias, pero no ha sancionado a soldados ni ha denunciado los casos a la policía o a los fiscales para que sean investigados penalmente.
HRW indica que es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones.
La tortura se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre desde la detención de las víctimas —a menudo arbitraria— hasta que estas son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público.
Las víctimas de tortura "suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales".
Por otra parte, el documento señala que miles de personas desaparecen cada año en México y "la policía, las fuerzas militares y las organizaciones delictivas son responsables de numerosas desapariciones".
La mayoría de los casos permanece en la impunidad, y el informe afirma que "son pocos los casos en los cuales los agentes del Ministerio Público y la policía intentan encontrar a las personas desaparecidas o identificar a los responsables".
Los familiares de personas desaparecidas han creado más de 130 "colectivos de búsqueda" para investigar desapariciones y, como parte de ello, a menudo incluso han excavado fosas clandestinas.
Finalmente, HRW afirma que el presidente mexicano también ha colaborado con el Gobierno de Estados Unidos en "políticas abusivas contra la migración", que incluyen la expulsión ilegal de migrantes y solicitantes de asilo en aviones y autobuses a América Central.
Matrimonio igualitario en Chile
El 2021 en Chile estuvo marcado por la histórica aprobación del matrimonio igualitario pero unos 294 migrantes fueron expulsados sin un debido proceso y la policía sigue esperando una reforma, consignó la HRW.
"La mayoría de las personas expulsadas en 2021 eran de nacionalidad venezolana y las políticas migratorias implementadas desde 2019 en Chile han hecho que cada vez sea más difícil para los venezolanos obtener visas para ingresar", consigna el reporte.
A su vez, aseguró que desde enero hasta noviembre 20 migrantes fallecieron cruzando el altiplano en la frontera entre Bolivia y Chile.
El informe explica que si bien el Gobierno de Chile ya dio los primeros pasos para reformar a Carabineros (policía militarizada), en respuesta a las denuncias de abusos contra los manifestantes durante el estallido social de 2019, estos cambios no han avanzado con la rapidez necesaria y algunos de ellos no van en la dirección correcta.
Por último, el informe detalló falencias en: acceso a los abortos, atención que reciben niños y niñas a cargo del Estado, información sobre cantidad de personas con discapacidad en el país y condiciones de las cárceles.
Bolsonaro "amenazó los pilares de la democracia brasileña"
Según el texto, Bolsonaro "amenazó los pilares de la democracia brasileña diversas veces en el año 2021".
La organización destacó los intentos del mandatario por deslegitimar el sistema electoral (sembrando dudas sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas) y sus ataques a la independencia judicial y en especial al Tribunal Supremo Federal.
Asimismo, señala que el presidente brasileño "hizo caso omiso de las recomendaciones científicas, difundió información falsa y promovió tratamientos contra el virus sin eficacia comprobada".
La situación de la Amazonía también tiene un protagonismo destacado en el informe de la organización, que vincula los altos índices de deforestación con la apatía del Gobierno en perseguir los delitos ambientales. "Desde que asumió el cargo en enero de 2019, el Gobierno Bolsonaro debilitó los controles ambientales, incentivando, en la práctica, las redes criminales que impulsan la deforestación y que han usado amenazas y violencia contra los defensores de la selva", apunta el informe.
La organización también cita uno de los problemas crónicos de Brasil, la superpoblación y el hacinamiento en sus cárceles, recordando que hasta diciembre de 2020 cerca de 670 mil adultos estaban presos en todo el país, un número que indica que la capacidad del sistema se está sobrepasando 47 por ciento.
Abuso policial y violencia machista en Argentina
"En Argentina existen problemas de derechos humanos históricos, como el abuso policial, condiciones deficientes de detención y la violencia endémica contra las mujeres", resumió la organización en su análisis: Más de la mitad de los 11 mil 290 detenidos en cárceles federales no han sido condenados por un delito, sino que están en prisión preventiva", observó HRW en su informe.
Otro problema que afecta a la nación sudamericana es el empleo excesivo de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, con 297 casos de violencia denunciados en 2020, según la Defensoría General de la Nación.
Aunque en diciembre de 2020 se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, HRW lamentó que "existen obstáculos al aborto legal, como la falta de acceso a información sobre la ley, la invocación abusiva de la objeción de conciencia por profesionales de la salud y demoras indebidas".
En general, hay un grave problema de violencia contra las mujeres y una situación general de impunidad, con 251 feminicidios registrados en 2020, pero sólo cuatro condenas.
El informe también cuestionó la independencia judicial en Argentina y las acciones del presidente Alberto Fernández en ese sentido. Y dedicó un aparte a los pueblos indígenas, "que enfrentan obstáculos para acceder a la justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básicos".
Violencia, aborto y migración en Ecuador
"Persisten serias preocupaciones respecto a las malas condiciones y la violencia en los centros de detención, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, las restricciones en el acceso a la atención de la salud reproductiva de mujeres y niñas, y la escasa protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de personas refugiadas", dijo HRW en su informe anual al citar el caso de Ecuador.
HRW destacó que la sobrepoblación y otras condiciones deficientes, la violencia y la atención de la salud inadecuada son problemas que afectan a las cárceles desde hace tiempo y recordó los últimos acontecimientos violentos en centros de reclusión de ese país en los que han muertos más de 200 personas privadas de libertad y decenas resultaron heridas.
"La estigmatización, el maltrato por parte de profesionales de la salud, el temor a enfrentar un proceso penal y una interpretación acotada de la excepción de salud continúan obstaculizando el acceso al aborto. Las mujeres de bajos recursos parecen tener mayores probabilidades de ser procesadas penalmente", señaló HRW.
En el tema de la migración, el organismo internacional destacó que Ecuador ha aprobado algunas de las leyes más progresistas de la región sobre protección de migrantes y refugiados, aunque dijo que persisten limitaciones: en septiembre del año pasado se tenía registro de 451 mil 093 migrantes y refugiados venezolanos en Ecuador.
Edición: Mirna Abreu
El dictamen fue enviado de nuevo al Pleno del órgano legislativo, donde será votado el lunes
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Gabriel Graniel Herrera
