Miguel Hurtado, el primer denunciante del caso de abusos de la abadía de Montserrat, España, festejó que por primera vez se debata en el Congreso cómo realizar una investigación oficial sobre los abusos en la Iglesia, pero pidió que la investigación la lleve a cabo una comisión independiente formada por expertos.
"Permite cuantificar el problema, aflora el iceberg de la pederastia clerical a la luz, cuántos pederastas hay en España, cuántos obispos encubridores, cuántas víctimas, esto una comisión de investigación del Congreso no lo va a conseguir, una comisión de la verdad sí", precisó Hurtado.
Miguel lanzó una petición a través de la plataforma Change.org que pide la creación de una Comisión de la Verdad formada por expertos independientes que investigue en España los abusos sexuales cometidos por miembros del clero en la Iglesia española. Más de 57 mil ciudadanos han firmado.
El primer denunciante de Montserrat lanza esta propuesta coincidiendo con la petición lanzada por Podemos, Bildu y ERC para la creación de una comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia española en el Congreso, que ha sido admitida a trámite este martes por la Mesa del Congreso, con el voto en contra del PP y Vox. El siguiente paso será que la Junta de Portavoces, por mayoría, ponga fecha a su debate en sesión plenaria.
Para Hurtado, la fórmula idónea para España sería "una comisión independiente que se dedica única y exclusivamente a recabar el testimonio de las víctimas, a interrogar a testigos, a mirar con detalle casos sangrantes en audiencias públicas y, al final, hace un informe y lo entrega al Congreso".
Esta comisión debería tener, a su parecer, amplios poderes de investigación para llamar a testigos, pedir documentación, y no estaría integrada por políticos, sino por "jueces retirados, expertos en derecho internacional o expertos en psicología y sociología", entre otros.
También considera que una opción efectiva sería que España pidiera asesoramiento a organismos internacionales de derechos humanos como Naciones Unidas, para que tenga "legitimidad y credibilidad".
A su juicio, lo que "no se puede consentir" es "que la Iglesia se investigue a sí misma".
"La Conferencia Episcopal Española no tiene que tomar el liderazgo de nada, lo que debe hacer es colaborar plenamente, dejar de obstruir y de ocultar archivos canónicos", añadió.
Igualmente, cree que la Iglesia es la que ha de pagar las indemnizaciones a las víctimas pues no pueden "pretender que la factura de la pederastia eclesial la paguen los ciudadanos"; y propone que el Estado se lo descuente a la Iglesia de los fondos recaudados a través del IRPF.
"Reciben cientos de millones de euros del IRPF, lo que el Estado podría hacer perfectamente es descontarles todo lo que tiene que ver con la investigación de los casos de pederastia o con la indemnización de las víctimas", ha sugerido.
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Edición Astrid Sánchez
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