El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue capturado este martes en su casa en Tegucigalpa y trasladado a rendir su primera declaración ante un juez natural que ordenó su detención, luego de Estados Unidos lo solicitara el lunes, con fines de extradición, por narcotráfico entre otros delitos.
Hernández, que hace menos de tres semanas dejó la presidencia del país tras el triunfo de Xiomara Castro de Zelaya, fue capturado bajo un riguroso dispositivo de seguridad que desde la noche del lunes rodeó su residencia en una zona exclusiva de la capital hondureña.
La operación de captura la encabezó el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.
Hernández salió de su casa cubierto con una gorra azul y mascarilla del mismo color pasadas las 14 horas locales y, de inmediato, policías le colocaron un chaleco antibalas y procedieron a esposarlo de pies y manos.
Luego fue subido a un vehículo blindado, de varios de una caravana, y llevado a una unidad de la Policía Nacional donde estaría rindiendo su primera declaración preliminar, como parte del proceso judicial sobre extradición.
La embajada de EU en Tegucigalpa afirmó este martes que Hernández "participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares".
La droga se movilizó "por rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste de Honduras, hacia la frontera con Guatemala, y finalmente a los Estados Unidos", indicó la legación diplomática en una extensa nota dirigida a la Cancillería hondureña en Tegucigalpa, en la que confirmó la solicitud de captura de Hernández con fines de extradición hecha por Washington el lunes.
Entrega y defensa
Hernández publicó la madrugada del martes en Twitter un audio donde daba las gracias a los que rezaban por él. “No es un momento fácil”, declaró. “A nadie se lo deseo”.
Dijo que sus abogados ya habían informado a la Policía Nacional de que “estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida para poder enfrentar esta situación y defenderme”.
La atención ahora se centra ahora en el proceso judicial que debe llevarse a cabo antes de la eventual entrega a Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia de Honduras está integrada por 15 magistrados, y su presidente, Rolando Argueta, es cercano a Hernández. Todos los jueces fueron seleccionados para la Corte por el Congreso en 2016 durante el primer mandato presidencial de Hernández. Cumplen mandatos de siete años. La mayoría proviene del Partido Nacional de Honduras, al que también pertenece Hernández.
La de Hernández fue una caída largamente esperada para un mandatario detestado en su país, que tuvo el apoyo del gobierno de Donald Trump, pero que fue repudiado por la Casa Blanca de Joe Biden, que ha señalado la corrupción endémica en Centroamérica como una de las causas de la migración.
En 2019, fiscales estadounidenses en Nueva York le implicaron en numerosas ocasiones en el juicio de su hermano por delitos de drogas y afirmaron que los beneficios de las drogas financiaron su ascenso político.
Ese hermano, el ex congresista hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado a cadena perpetua por delitos de armas y drogas en marzo de 2021. En su sentencia, el fiscal federal Matthew Laroche describió sus delitos como “tráfico de drogas patrocinado por el Estado”.
Juan Orlando Hernández asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2014. Posteriormente, aprovechó una Corte Suprema afín para evitar el veto constitucional a la reelección y obtuvo un segundo mandato en 2017 en unas elecciones marcadas por las irregularidades.
Hernández dejó la presidencia el 27 de enero al ser juramentada la presidente Xiomara Castro. El mismo día en que dejó el puesto, el político prestó juramento como representante de Honduras ante el Parlamento Centroamericano.
Edición: Mirna Abreu
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