Columbia Británica despenalizará las drogas duras en pequeñas cantidades

Canadá anunció el martes la despenalización de las drogas duras en pequeñas cantidades en un proyecto piloto de la Columbia Británica que tiene como objetivo domar una crisis de opioides que ha matado a miles, mediante el tratamiento de las adicciones en lugar de encarcelar a los usuarios por posesión.

En respuesta a una solicitud de Columbia Británica, la ministra federal de Salud Mental y Adicciones, Carolyn Bennett, dijo que una exención del código penal para permitir la posesión personal de opioides, cocaína, metanfetamina y otras drogas duras entraría en vigor el 31 de enero de 2023 y duraría tres años.

Los adultos en la provincia de la costa del Pacífico no enfrentarán arresto ni cargos por posesión de hasta 2.5 gramos de drogas duras, ni sus drogas serán incautadas por la policía.

En cambio, los usuarios recibirán información sobre cómo acceder a la ayuda médica para las adicciones.

"Durante demasiados años, la oposición ideológica a la reducción de daños ha costado vidas", dijo Bennett en una conferencia de prensa al anunciar el programa piloto.

"Estamos haciendo esto para salvar vidas, pero también para darles a las personas que consumen drogas su dignidad y opciones", dijo, y agregó que podría convertirse en "un modelo para otras jurisdicciones de Canadá".

Kennedy Stewart, el alcalde de Vancouver, el epicentro de la crisis, dijo que la decisión "marca un replanteamiento fundamental de la política de drogas que favorece la atención médica sobre las esposas".

Llamándolo un "paso histórico, valiente e innovador en la lucha para salvar vidas de la crisis de las drogas envenenadas", dijo que también reduciría los delitos menores que a menudo alimentan los hábitos de drogas.

Varias ciudades canadienses, incluidas Montreal y Toronto, han manifestado su deseo de exenciones legales similares.

Mientras tanto, una pequeña facción de izquierda en el Parlamento, el Nuevo Partido Democrático, presentará el miércoles un proyecto de ley propuesto para despenalizar la posesión de drogas en todo el país. Se espera que sea derrotado.

'Vergüenza y miedo'

Bennett enfatizó que la exención otorgada a Columbia Británica “no es legalización”.

Sin embargo, convertirá a la provincia en la segunda jurisdicción de América del Norte en despenalizar las drogas duras después de que el estado estadounidense de Oregón lo hiciera en noviembre de 2020.

Según los informes, la iniciativa de Oregón ha tenido resultados mixtos ya que pocas personas han aceptado las ofertas de ayuda para la adicción.

El abuso de sustancias ha dejado miles de muertos en la Columbia Británica. Su ministra de Adicciones, Sheila Malcolmson, dijo a la Afp en noviembre, cuando solicitó la exención, que la provincia enfrentaba "una crisis de sobredosis que está causando una terrible pérdida de vidas".

La pandemia agravó sus impactos, dijo en la conferencia de prensa del martes.

"La vergüenza y el miedo impiden que las personas accedan a la atención que necesitan", explicó. "Y el miedo a ser criminalizado ha llevado a muchas personas a ocultar su adicción y usar drogas a solas. Y usar las drogas de esa manera puede significar morir solo".

Varios usuarios de drogas encuestados por Afp han dicho que la cantidad de drogas permitidas bajo la exención es demasiado pequeña, ya que su consumo diario es mucho mayor. Bennett reconoció esto pero dijo que es un punto de partida.

También dijo que los llamados son cada vez más fuertes para que Ottawa regule un suministro seguro de drogas duras que ahora a menudo están mezcladas con sustancias tóxicas.

Pero primero, agregó, se debe recopilar evidencia del piloto para mostrar que el enfoque funciona.

Según datos del gobierno federal, 26 mil 690 personas han muerto por sobredosis de opioides en todo Canadá desde enero de 2016 hasta septiembre de 2021.

En la Columbia Británica, se estima que seis personas mueren cada día por intoxicación por drogas relacionadas con los opioides. Aproximadamente 9 mil 400 han muerto desde que los funcionarios de salud pública declararon la situación como una emergencia de salud pública en 2016.

Edición: Emilio Gómez