La Corte Suprema de Reino Unido se negó el martes a impedir que un hospital le retire el sistema de respiración artificial a un niño de 12 años con daños cerebrales catastróficos, rechazando así un intento de sus padres de prolongar su tratamiento.
Los padres de Archie Battersbee habían pedido a los jueces del máximo tribunal del país que bloquearan la decisión de un tribunal inferior por la que el Royal London Hospital podía desconectar el respirador artificial del niño y detener otras técnicas que lo mantenían con vida.
El equipo de soporte vital para Archie debía desconectarse al mediodía del martes, pero el hospital dijo que esperaría la decisión de la Corte Suprema.
Los jueces del tribunal supremo de Reino Unido alegaron que Archie “no tenía perspectivas de una recuperación significativa” y que incluso con el tratamiento continuo moriría en las siguientes semanas por insuficiencia cardíaca y de otros órganos.
Los jueces coincidieron con un tribunal inferior en que continuar el tratamiento “sirve únicamente para prolongar su muerte”.
El niño fue hallado inconsciente en su casa el 7 de abril, con una atadura sobre la cabeza. Sus padres creen que estaba participando en un reto llamado Blackout Challenge del que se enteró en Tik Tok y que salió mal.
Los médicos dicen que el niño sufrió muerte cerebral y que la continuación del soporte vital no le beneficiará. Varios tribunales británicos se expresaron de acuerdo.
La familia apeló ante la Comisión de la ONU sobre los Derechos de Personas con Discapacidades y quería que se pusiera en suspenso la decisión de acabar con el tratamiento mientras el panel examinaba el caso.
“No entendemos cuál es el apuro y por qué se nos niegan todos nuestros deseos”, expresó la madre de Archie, Hollie Dance.
El caso es el más reciente en Reino Unido que enfrenta a médicos con los deseos de las familias. En varios casos, incluso éste, las familias han tenido el respaldo de un grupo religioso de presión, Christian Concern.
Bajo la ley británica, es común que las cortes intervengan cuando los padres y los médicos tienen un desacuerdo sobre el tratamiento recibido por un menor de edad. En esos casos, los derechos del niño prevalecen sobre el derecho de los padres a decidir lo que es mejor para su hijo.
Edición: Laura Espejo
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La Jornada Maya
