No sólo Biden: Otras autoridades que tenían documentos clasificados

Revelan mal manejo de registros en tres presidentes, un vicepresidente y un secretario de estado
Foto: Ap

Revelan que el mal manejo de documentos clasificados no es un problema exclusivo del presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump; evidencian la misma situación en al menos tres presidentes, un vicepresidente, un secretario de estado y un fiscal general.

El asunto de los registros clasificados y quién, exactamente, se aferró a ellos se complicó más el martes cuando surgió la noticia de que el ex vicepresidente Mike Pence también tenía esos registros en su poder después de dejar el cargo. Al igual que Biden, Pence los entregó voluntariamente a las autoridades después de que fueron descubiertos durante una búsqueda que solicitó, según su abogado y asistentes.

Las revelaciones han llevado el tema del manejo adecuado de los documentos, un proceso de Washington de bajo perfil, al centro del discurso político y han puesto al descubierto una verdad incómoda: Las políticas destinadas a controlar el manejo de los secretos de la nación se aplican al azar entre los altos funcionarios y dependen casi por completo de la buena fe.

Ha sido un problema intermitente durante décadas, desde los presidentes hasta los miembros del gabinete y el personal en múltiples administraciones que se remontan a Jimmy Carter. El problema ha cobrado mayor importancia desde que Trump retuvo deliberadamente material clasificado en su propiedad de Florida, lo que provocó la incautación sin precedentes de miles de páginas de registros por parte del FBI el año pasado.

Resulta que ex funcionarios de todos los niveles del gobierno descubren que están en posesión de material clasificado y lo entregan a las autoridades al menos varias veces al año, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato.

Los funcionarios actuales y anteriores involucrados en el manejo de información clasificada dicen que si bien existen políticas claras sobre cómo se debe revisar y almacenar dicha información, esas políticas a veces se dejan de lado en los niveles más altos. Los equipos de funcionarios de seguridad nacional, secretarios y ayudantes militares que comparten la responsabilidad de mantener informados a los ejecutivos de alto nivel, y a los propios ejecutivos, pueden alterar las reglas por conveniencia, conveniencia o, a veces, por descuido.

Es un contraste con la forma más rígida en que se siguen los procedimientos en la comunidad de inteligencia en general, donde el mal manejo de la información podría ser motivo de despido, revocación de la autorización de seguridad o incluso enjuiciamiento.

“Los ejecutivos van y vienen a su casa con documentos y los leen. Los leen por la noche, los traen de vuelta”, dijo el senador Tim Kaine, D-Va. Comparó ese patrón para los altos funcionarios con los senadores, a quienes se les exige que retengan materiales clasificados en habitaciones seguras en el Capitolio.

“Puedo ver cómo sucede esto”, agregó. “Pero de nuevo, cada situación es diferente. Todos son muy serios. Entonces, ¿cuántos? ¿Qué serio? ¿Cómo los conseguiste? ¿Quién tenía acceso a ellos? ¿Está siendo cooperativo? Y se debe responder el mismo conjunto de preguntas con respecto a Pence y con el presidente Biden y el presidente Trump”.

En cuanto al poder judicial, una ley federal separada, la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, rige el manejo del material que se presenta ante los jueces en procesos penales y juicios civiles. Otra ley se ocupa de las investigaciones de inteligencia extranjera que se presentan ante un tribunal especial que opera en secreto. Ambas leyes están destinadas a proteger contra la divulgación de información clasificada.

Otros ex altos funcionarios estadunidenses han insistido en que siempre han manejado adecuadamente los materiales clasificados. Un portavoz del ex vicepresidente Dick Cheney dijo que no dejó el cargo con material clasificado y que no se ha descubierto ninguno desde entonces. Freddy Ford, vocero del ex presidente George W. Bush, dijo a The Associated Press que “todos los registros presidenciales, clasificados y no clasificados, fueron entregados a NARA al salir de la Casa Blanca”, refiriéndose a la Administración Nacional de Archivos y Registros.

Un portavoz del presidente Barack Obama no hizo comentarios, pero señaló una declaración de 2022 de los Archivos Nacionales de que la agencia tomó el control de todos los registros de Obama después de que dejó el cargo y “no estaba al tanto de ninguna caja faltante de registros presidenciales de la administración de Obama”. La oficina del expresidente Bill Clinton dijo: "Todos los materiales clasificados del presidente Clinton se entregaron correctamente a NARA de acuerdo con la Ley de registros presidenciales".

Los días de cierre de cualquier presidencia son caóticos, ya que los asistentes revisan los materiales acumulados de sus jefes durante años para determinar qué se debe entregar a los archivos y qué se puede conservar. Diferentes equipos de personas son responsables de despejar diferentes oficinas y mantener estándares consistentes puede resultar un desafío, señalaron los funcionarios.

 

Pence, Carter y Hillary Clinton

El ex presidente Jimmy Carter encontró materiales clasificados en su casa en Plains, Georgia, en al menos una ocasión y los devolvió a los Archivos Nacionales, según la misma persona que habló de casos regulares de mal manejo de documentos.

Es notable que Carter firmó la Ley de Registros Presidenciales en 1978, pero no se aplicó a los registros de su administración, tomando efecto años más tarde cuando Ronald Reagan fue investido. Antes de Reagan, los registros presidenciales generalmente se consideraban propiedad privada del presidente individualmente. No obstante, Carter invitó a archivistas federales para ayudar a su Casa Blanca a organizar sus registros en preparación para su depósito final en su biblioteca presidencial en Georgia.

En el caso de Pence, el material encontrado en las cajas provino principalmente de su residencia oficial en el Observatorio Naval, donde los ayudantes militares se encargaron del embalaje en lugar de los abogados del personal. Otro material provino de un cajón de la oficina del ala oeste, según un asistente de Pence que habló bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada del descubrimiento. Las cajas estaban cerradas con cinta adhesiva y no se cree que se hayan abierto, ya que estaban empacadas, dijo la fuente.

También ha habido acusaciones de documentos mal manejados mientras los funcionarios aún estaban en el trabajo. El ex fiscal general Alberto Gonzáles se llevó a casa documentos sumamente confidenciales relacionados con el programa de vigilancia de terroristas de la Agencia de Seguridad Nacional y el programa de interrogatorio de terroristas detenidos a fines de la década de 2000. Hillary Clinton fue investigada por mal manejo de información clasificada a través de un servidor de correo electrónico privado que utilizó como secretaria de Estado.

Pero rara vez se castiga a los funcionarios por estos errores. Eso se debe en gran parte a que, si bien la ley federal no permite que nadie almacene documentos clasificados en un lugar no autorizado, solo es un delito procesable cuando se descubre que alguien "a sabiendas" sacó los documentos de un lugar adecuado.

 

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 Edición: Estefanía Cardeña


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