La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el viernes a Idaho hacer cumplir su estricta prohibición del aborto, incluso en emergencias médicas, mientras continúa la lucha legal.
Los jueces decidieron que escucharían los argumentos en abril y suspendieron un fallo de un tribunal inferior que había bloqueado la ley de Idaho en emergencias hospitalarias, basándose en una demanda presentada por la administración Biden.
El caso de Idaho representa para el tribunal su segunda disputa importante sobre el aborto desde que los jueces anularon en 2022 Roe v. Wade y permitieron a los estados restringir o prohibir severamente el aborto.
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En los próximos meses, el tribunal también escuchará un desafío a las reglas de la Administración de Alimentos y Medicamentos para obtener mifepristona, uno de los dos medicamentos utilizados en el método de aborto más común en los Estados Unidos.
En el caso sobre emergencias hospitalarias, la administración Biden ha argumentado que los hospitales que reciben fondos de Medicare están obligados por ley federal a brindar atención de emergencia, incluido potencialmente el aborto, sin importar si existe una ley estatal que prohíba el aborto.
La administración emitió una guía sobre la ley federal, la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia, o EMTALA, dos semanas después del fallo del tribunal superior en 2022. La administración demócrata demandó a Idaho un mes después.
En una declaración el viernes por la noche, el presidente Joe Biden objetó la decisión del tribunal superior y dijo que su administración “seguirá defendiendo la capacidad de una mujer de acceder a atención de emergencia según la ley federal”.
Idaho tipifica como delito una pena de prisión de hasta cinco años para cualquier persona que realice o ayude a realizar un aborto.
La administración argumenta que EMTALA exige que los proveedores de atención médica realicen abortos a pacientes de la sala de emergencia cuando sea necesario para tratar una condición médica de emergencia, incluso si hacerlo pudiera entrar en conflicto con las restricciones de aborto de un estado.
Esas condiciones incluyen sangrado severo, preeclampsia y ciertas infecciones relacionadas con el embarazo.
“Para ciertas emergencias médicas, la atención del aborto es el tratamiento estabilizador necesario”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en un expediente administrativo ante la Corte Suprema.
El estado argumentó que la administración estaba haciendo un mal uso de una ley destinada a impedir que los hospitales abandonaran a los pacientes e impusieran “un mandato federal de aborto” a los estados. “EMTALA no dice nada sobre el aborto”, dijo al tribunal el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, en un escrito.
Apenas el martes, el tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans llegó a la misma conclusión. Un panel de tres jueces dictaminó que la administración no puede utilizar EMTALA para exigir a los hospitales de Texas que realicen abortos a mujeres cuyas vidas corren riesgo debido al embarazo. Dos de los tres jueces son designados por el presidente Donald Trump y el otro fue designado por otro republicano, George W. Bush.
Edición: Estefanía Cardeña
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