Armando G. Tejeda
El ex presidente catalán Carles Puigdemont anunció a través de las redes sociales su regreso “del exilio” para participar en el debate de investidura previsto para este jueves en el Parlamento regional, en el que se va a elegir al socialista Salvador Illa como el presidente de la comunidad autónoma para los próximos cuatro años.
Puigdemont busca, con su regreso y previsible detención al tener vigente una orden de búsqueda y captura por el delito de malversación, impedir que se celebre el pleno y boicotear al acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
En las elecciones del pasado 14 de mayo, el PSC fue el partido más votado, al obtener 42 diputados, siete más que los 35 de Junst per Catalunya (JxCat) y su líder Puigdemont, quien hizo campaña desde su residencia en Bélgica y a través de actos electorales puntuales en el sur de Francia. ERC, que gobernaba la región y había sido la más votada en los últimos comicios, sufrió una derrota severa y pasó a ser la tercera fuerza, con tan sólo 20 diputados.
Con este escenario, la alianza más loable para la formación de un nuevo gobierno es la que se formalizará este jueves, es decir entre las tres principales fuerzas de izquierda, el PSC, ERC y En Comú Podem, que tiene seis diputados. Entre las tres suman 68 diputados, justo los necesarios para sacar adelante la investidura.
En contra tendrán los votos de la derecha nacionalista de JxCat, la derecha españolista distribuida entre el Partido Popular (PP), con 15 diputados, y Vox, con 11; además de la ultraderecha independentista, Alianza Catalana, que tiene dos escaños, y el independentismo anticapitalista de la CUP, con cuatro.
ERC y el PSC formalizaron su pacto con una firma en un acto que dieron a conocer los propios partidos; el evento fue a puerta cerrada y sin avisar a los medios de comunicación, con el objetivo de intentar contrarrestar la ofensiva política y mediática iniciada por Puigdemont para impedir la celebración del pleno, en el que busca tener el protagonismo con su propia detención, al anunciar con casi 40 horas de antelación su voluntad de estar presente físicamente en el pleno.
“El Tribunal Supremo se niega a obedecer la ley de amnistía aprobada y en vigor y que nos es de obligada aplicación. Este desafío debe contestarse y confrontarse. Por eso he emprendido el viaje de regreso desde el exilio. Estoy convencido de que no hay otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política, un fin que está contemplado en la letra y en el espíritu de la ley de amnistía. Si nos la creemos no podemos callar ante la actitud de rebelión en la que se han bunquerizado algunos jueces del Supremo”, publicó en sus redes sociales.
Edición: Estefanía Cardeña
