El abogado Enrique Anaya, reconocido constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, cumplió este miércoles siete meses encarcelado en El Salvador, acusado de blanqueo y bajo la mirada de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Anaya fue detenido el 7 de junio de 2025 bajo cargos de lavado de dinero y su proceso ha sido puesto bajo secreto y del que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado detalles.
El 25 de junio, un juzgado ordenó que Anaya siguiera detenido mientras se realiza la fase de instrucción de su caso.
De acuerdo con la organización humanitaria Cristosal, Anaya "ha sido una figura clave en la defensa de la institucionalidad democrática y el orden constitucional".
"Desde su experiencia como jurista, ha presentado demandas ante instancias nacionales e internacionales, cuestionando leyes adoptadas por la actual Asamblea Legislativa y resoluciones que vulneran principios fundamentales", según la organización.
Anaya ha sido un fuerte crítico del Ejecutivo del presidente Bukele, enfocado principalmente en aspectos jurídicos, y antes de su detención había denunciado las que consideraba irregularidades en el proceso penal que enfrenta la abogada anticorrupción Ruth López, detenida el 18 de mayo, otra crítica de Bukele y procesada por enriquecimiento ilícito.
El 23 de septiembre pasado, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de Anaya ante el "riesgo de daño irreparable" a sus derechos a la vida, integridad y salud, que según reportes de la prensa local se habrían adoptado a mediados de octubre.
La organización Amnistía Internacional (AI) dijo en septiembre que El Salvador ha utilizado su sistema penal "como arma para castigar a quienes defienden derechos humanos", y las detenciones de activistas también han generado críticas de Human Rights Watch (HEW) y una relatora de la ONU.
Edición: Ana Ordaz
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