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10/03/2026 | Bogotá, Colombia
La libertad de prensa en las Américas sufrió un “drástico deterioro” en 2025, dijo el martes un organismo de control regional, tras una evaluación de las condiciones de la profesión en 23 países del hemisferio occidental.
“Este ha sido uno de los peores años en la región, con homicidios, detenciones arbitrarias e impunidad” por los crímenes cometidos contra periodistas, señaló la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe anual.
El grupo con sede en Miami ha estado publicando una lista anual de libertad de expresión, conocida como el Índice Chapultepec, desde 2020. Evalúa el desempeño de Estados Unidos, Canadá y los países latinoamericanos en lo que respecta a la protección de las libertades de prensa.
El índice de 2025 clasificó a Venezuela y Nicaragua como países sin libertad de expresión, mientras que Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador se ubican en la categoría de alta restricción. Otras democracias, como Canadá, Brasil, Chile y Panamá, fueron clasificadas como países con bajas restricciones a la libertad de expresión.
Estados Unidos se ubica como una nación con “restricciones” a la libertad de expresión, dijo la SIP, señalando que hubo 170 ataques contra periodistas allí en 2025. El informe agregó que los ataques durante la cobertura de procedimientos realizados por agentes de Inmigración y Control de Aduanas habían suscitado preocupaciones sobre las libertades periodísticas.
Los investigadores descubrieron que en Estados Unidos “hubo una actuación gubernamental deficiente contra la desinformación, así como acciones gubernamentales destinadas a limitar la libertad de expresión y el acceso a la información”. El presidente estadunidense, Donald Trump, y otros funcionarios de la Casa Blanca han “estigmatizado” a los medios de comunicación críticos con la administración, añadieron.
La SIP señala que los ataques a periodistas han aumentado en la región a medida que surgen presidentes autoritarios en diferentes países. Señaló que en Venezuela, la autocensura se volvió la norma entre los medios locales, que prácticamente no cubrieron el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado por temor a represalias del gobierno.
En Nicaragua la censura está “institucionalizada”, señala el informe, con una reforma constitucional que puso todos los poderes del gobierno bajo el control de la presidencia.
El informe clasifica a El Salvador como un país con "altas restricciones" a la libertad de expresión, señalando que funcionarios gubernamentales intentan intimidar a periodistas con demandas e investigaciones penales. Señala que se registraron 180 ataques contra periodistas en el país centroamericano entre mayo y julio.
El año pasado se produjeron 290 agresiones contra periodistas en Ecuador, incluyendo cuatro asesinatos, presuntamente cometidos por bandas criminales. Un periodista también recibió un disparo en el hombro por parte de la policía mientras transmitía una protesta organizada por una comunidad indígena.
Haití fue incluido por primera vez en el informe anual y fue clasificado como uno de los países con menor libertad de prensa en las Américas. Se señaló que dos periodistas fueron asesinados en 2024 por pandilleros que atacaron la ceremonia de reapertura de un hospital en Puerto Príncipe.
Además, el informe señala que los crímenes contra periodistas quedan impunes en Haití, donde las pandillas controlan grandes franjas de la capital y han librado una campaña de intimidación contra los trabajadores de los medios y los residentes locales.
La SIP tiene más de mil 300 organizaciones de noticias miembros y promueve la libertad de prensa en todo el continente americano.
Caso México
La inefectividad de los mecanismos de protección para los periodistas se mantiene en México, una de las naciones más peligrosas del mundo para el oficio de informar, con nueve homicidios perpetrados por el crimen organizado, en medio de dinámicas en las cuales funcionarios han protagonizado agresiones y hostigamiento. Con 34.9 puntos, de un máximo teórico de 100, se ubicó en la 18va casilla del barómetro, bajando cinco posiciones con respecto a la medición anterior, la calificación más baja desde la primera edición del Índice Chapultepec, en 2020.
Con un Estado que no comete los asesinatos de manera directa, pero que no ha podido garantizar la vida de los comunicadores sociales, hubo 9 asesinatos de periodistas en México durante el período de análisis. Los números de la Dimensión Actuación del Estado contra la Violencia e Impunidad contra Periodistas y Medios se mantiene en cifras rojas: 6.93 puntos de 40 posibles. Adicionalmente, prácticas restrictivas contra la expresión ciudadana produjeron que la Dimensión Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse fuera calificada con solo 8.91 puntos de un máximo teórico de 30.
El desempeño normativo hacia la Comunicación Social se mantuvo sobre el nivel medio en la Dimensión Control de Medios y Periodismo, con 19.06 puntos, de un máximo teórico de 30, que refieren a la posibilidad de sostenibilidad de la prensa independiente.
El entorno Ejecutivo fue el más señalado como partícipe en situaciones adversas a la libertad de expresión, aunque seguido muy de cerca por el Legislativo, ambos con influencias consideradas Moderadas. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó contraria a acciones de censura, su gestión ha reforzado controles sobre el acceso de los medios a la información pública y hacia el sector de las telecomunicaciones. Mientras, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios han apelado a las demandas civiles para intentar acallar la crítica. Uno de los nuevos argumentos contra comunicadores es la supuesta comisión de violencia de género; ejemplo emblemático fue la denuncia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra el periodista Jorge Luis González Valdez. Por el caso, un juez ordenó el cierre del medio Tribuna por dos años, y la prohibición del ejercicio a González Valdez por el mismo lapso.
Edición: Ana Ordaz
