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29/03/2026 | Santiago, Chile
El gobierno del recién asumido presidente chileno, José Antonio Kast, anunció un recorte de 72 mil millones de pesos (unos 77,6 millones de dólares) en el presupuesto de Seguridad Pública, un área que durante su campaña describió como una crisis "descontrolada" y parte de una "emergencia nacional", la cual posicionó entre sus máximas prioridades.
"Volver a vivir sin miedo no es un eslogan, es una promesa concreta y vamos a erradicar el crimen con decisión, sin eufemismos ni medias tintas", afirmó Kast durante su candidatura, cuando también aseguró que en Chile la autoridad había "desaparecido".
La propuesta, presentada ante la Comisión de Seguridad del Congreso por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, contempla recortes de 55,6 millones de dólares en Carabineros, 17,4 millones en la Policía de Investigaciones y 5,4 millones en programas como el Plan Nacional contra el Crimen Organizado y el Plan Calles sin Violencia, enfocado en reducir homicidios en zonas específicas.
"Lo que nosotros hemos garantizado y lo que garantizamos a esta comisión es que ninguno de los recortes que se harán tendrá que ver con temas sensibles que afecten la seguridad", aseguró ante los parlamentarios el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, durante su exposición sobre el recorte presupuestario.
"Si un gobierno decide gobernar bajo la lógica de la emergencia, tiene que sostener ese estándar en sus decisiones y no puede declarar crisis y luego tratar la seguridad como una variable más dentro de un ajuste general; ahí es donde el discurso pierde consistencia", dijo a Efe el académico Víctor Beltrán.
Narrativa versus datos
En los últimos años, el narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en una de las principales preocupaciones del país, expandiendo economías ilícitas, lavado de dinero y penetrando instituciones públicas y militares.
"Chile enfrenta un problema serio de crimen organizado, pero la idea de 'emergencia' no es un diagnóstico técnico, sino más bien una herramienta política para justificar medidas excepcionales", explicó Beltrán.
Durante el gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), añadió, se "modificó el enfoque de seguridad, se incrementaron recursos, se fortalecieron capacidades y se instaló una persecución penal más coordinada".
Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios 2025 de la Fiscalía Nacional, el año pasado hubo mil 91 víctimas, 118 menos que en 2024, con una caída de 11,5 por ciento en la tasa, que bajó de 6,1 a 5,4 por cada 100 mil habitantes, tras el pico de 6,7 en 2022. En ese contexto, sostuvo que "más que una emergencia descontrolada, lo que hay es un sistema bajo presión que empezó a reaccionar".
Capacidades y riesgos
Expertos coinciden en que, pese al fortalecimiento reciente, persisten desafíos ante la evolución del crimen organizado, cuyas estructuras explican el aumento sostenido de delitos como el secuestro y la extorsión.
"No observo elementos que nos permitan configurar una situación de emergencia con el Estado desbordado; por el contrario, se ha revertido la tendencia y hay mayor capacidad estatal", afirmó el académico y jefe de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Gonzalo Parra.
Añadió que "el gobierno de Kast recibe un Estado con mayor preparación, recursos y herramientas que no tuvo Boric", aunque advirtió que la reducción presupuestaria puede generar "descoordinación estratégica" y una eventual "pérdida de gestión operativa".
Impacto operativo y consistencia
El recorte forma parte de un ajuste general del 3 por ciento en todos los ministerios, una decisión que, según expertos, "tensiona" el diagnóstico de prioridad en seguridad y "no muestra ningún objetivo específico en la materia".
En el plano operativo, el experto en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, advirtió sobre los efectos directos en la labor policial y señaló que "son precisamente estos recursos los que permiten la operación: gasolina, traslados o diligencias investigativas; al retirarlos, se afecta directamente el funcionamiento".
Asimismo, cuestionó la coherencia del gobierno al afirmar que "es contradictorio dar prioridad a la seguridad y, por otro lado, retirar recursos de las instituciones que se ha dicho que deben fortalecerse".
A su juicio, el principal riesgo es debilitar la persecución penal y advirtió que "si no se mantiene la intensidad del esfuerzo, el crimen organizado vuelve a crecer, se expande y después es mucho más difícil de investigar y desarticular".
Beltrán coincidió en que no hay efectos inmediatos, pero sí riesgos asociados al cambio de política pública, y sostuvo que "no es serio decir que esto se traducirá mañana en más delitos, pero sí es evidente que se está asumiendo un riesgo (…) si la seguridad era prioridad, no puede tratarse como cualquier otro rubro de gasto".
