El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este martes la existencia de una "mafia internacional" que involucra a Chile, Argentina y Paraguay, dedicada al robo, adulteración y sabotaje de gasolina y diésel que generó perjuicios económicos de hasta 150 millones de dólares al país, y señaló a la Administración del exmandatario Luis Arce.
En una rueda de prensa en La Paz, el mandatario sostuvo que estas operaciones ilegales están vinculadas a "mafias que controlaron los hidrocarburos" en el Gobierno anterior y que durante al menos dos años ocasionaron que la población boliviana enfrentara filas de "varios días" para acceder a combustible.
Paz aseguró que las investigaciones realizadas junto al Gobierno de Chile permitieron identificar a redes y familias involucradas, algunas de las cuales, según aseguró, "ya se encuentran en la cárcel", en alusión al ex mandatario Luis Arce (2020-2025) y su hijo, Marcelo Arce Mosqueira.
Luis Arce está en prisión desde el pasado diciembre por un caso de supuesta corrupción cuando fue ministro durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), y Marcelo Arce está encarcelado preventivamente por una investigación de "legitimación de ganancias ilícitas" en la que la Fiscalía también incluyó al exmandatario y sus otros dos hijos.
Según el jefe de Estado actual, la red opera en varios países y robaba el combustible boliviano que posteriormente era adulterado con agua y otros productos antes de ser reintroducido al mercado nacional, lo que provocó que muchos vehículos fueran dañados.
Paz agradeció la colaboración de Chile en las investigaciones de estos delitos, que calificó como de "traición a la patria".
Por su parte, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó que la pesquisa abarcó el periodo entre octubre de 2025 y marzo de 2026 e involucró a Chile, Argentina y Paraguay, con una investigación coordinada entre estos países.
Oviedo explicó que el modo de operación se originaba en rutas que partían hacia ciudades chilenas como Arica e Iquique y retornaban a Bolivia.
Detalló que los implicados extraían entre 700 y mil litros de cisternas con capacidad de hasta 33 mil litros y luego se dirigían a pozos de agua donde mezclaban la gasolina con agua, aceite usado y otros elementos que reintroducían a las cisternas, lo que provocaba que el combustible regresara contaminado a Bolivia.
Según indicó, unas 5 mil cisternas habrían sido utilizadas en estas operaciones, que ocasionaron daños en aproximadamente 150 millones de litros de combustible y una afectación económica estimada en unos 150 millones de dólares.
En la víspera, el Gobierno de Paz decidió el cambio en la presidencia de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con la salida de Yussef Akly y la designación de Claudia Cronenbold, en medio de denuncias por la mala calidad del combustible.
Al tomar juramento a Cronenbold, Paz afirmó que se inicia "un segundo tiempo" para la estatal, con el objetivo de que recupere su rol y se convierta en una empresa "pujante". Asimismo, aseguró que el Ejecutivo respaldará la lucha contra la corrupción en la compañía para que deje de estar controlada por grupos de poder.
La denuncia y cambio de autoridad se producen tras las protestas de transportistas en La Paz y El Alto, que denunciaron daños en motores por la calidad del combustible.
Según datos oficiales, Bolivia importa casi 100 por ciento del diésel y 60 por ciento de la gasolina que consume.
Edición: Fernando Sierra
