Sus servicios han puesto en marcha investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, dirigidas en particular al trabajo forzoso, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana.
Estos aranceles, que podrían afectar a los principales socios comerciales de Estados Unidos, deben remplazar a impuestos aduaneros temporales de 10 por ciento instaurados por el presidente Donald Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado.
"Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican", dijo Greer a CNBC.
"Esperamos ver algunas acciones pronto", añadió.
Anulación de aranceles
A fines de febrero, la más alta jurisdicción estadunidense anuló buena parte de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, al considerar que el mandatario había hecho una lectura anticonstitucional de un texto legal para justificarlos.
La decisión no afectó los aranceles sectoriales, que apuntan en particular al sector automotor, el acero, el aluminio o el cobre.
Trump anunció entonces nuevos aranceles, basándose en otro texto que solo le autorizaba a aplicar este recargo durante un máximo de 150 días.
Paralelamente, el USTR lanzó una serie de investigaciones que, en teoría, le permiten establecer estos impuestos de forma duradera. Se basan en la misma ley que permite justificar los aranceles sectoriales.
Así, a principios de junio, Jamieson Greer propuso, al término de estas investigaciones, aranceles de 12.5 por ciento a unos 45 países que, según sus servicios, no imponen prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.
Para las economías que disponen de prohibiciones de este tipo, pero cuyos esfuerzos para aplicarlas se consideran insuficientes por parte de Washington -Canadá, Ecuador, la UE, Indonesia, México y Pakistán-, la administración Trump propone imponer una tasa reducida de 10 por ciento.
Lo mismo para el Reino Unido, cuya prohibición se considera parcial.
El gobierno estadunidense anunció otros aranceles en los últimos días.
El jueves, Brasil fue sancionado con 25 por ciento sobre una serie de productos.
Washington reprocha a Brasilia por políticas que, asegura, han afectado especialmente al comercio estadunidense al "reducir el acceso a uno de sus principales mercados de exportación", justificó entonces Greer.
El lunes, Ottawa fue a su vez objeto de un recargo adicional de 50 por ciento, que entrará en vigor dentro de un mes, "en respuesta al trato discriminatorio de Canadá hacia los productos estadunidenses".
"Es una respuesta a las medidas de represalia" adoptadas por Ottawa tras los primeros aranceles impuestos por Washington en 2025. "Llevamos un año pidiendo a Canadá que los retire, que los modifique, que los ajuste", justificó este martes Jamieson Greer.
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Edición: Estefanía Cardeña
