Internacional > Sociedad
Ap
08/08/2026 | Bogotá, Colombia
La explosión se registró en el peaje de Mandiva, ubicado en la vía Panamericana, la principal arteria vial del suroeste del país. El ejército detalló que dos vigilantes que cuidaban la infraestructura sufrieron heridas leves.
El reporte agregó que, según uno de los vigilantes, se trató de la detonación de un vehículo que fue abandonado por una persona que luego huyó en una motocicleta.
De acuerdo con información preliminar del ejército, el ataque habría sido perpetrado por las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogió al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.
En tanto, militares resguardan la zona donde, junto a canes entrenados, recorren el área para descartar la presencia de otros artefactos explosivos, indicó el ejército en su cuenta de X.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, condenó el “atentado terrorista” y aseguró en X que “Colombia no se va a arrodillar ante la violencia ni va a permitir que destruyan las obras que conectan a nuestras regiones”. Añadió que se trabaja para restablecer la movilidad en la zona.
El ataque sucedió en la vía que comunica a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, cuya capital, Cali, fue la anfitriona del acto de juramentación De la Espriella en una ceremonia en que delineó su política de seguridad y advirtió a los grupos ilegales que "tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”.
Tras la posesión, se realizó en Cali el primer consejo de seguridad del nuevo gobierno. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se decidió articular la fuerza pública para “ejercer un verdadero control sobre las economías ilícitas y recuperar la seguridad de nuestros territorios”.
De la Espriella, quien descartó el diálogo con los armados que impulsó su antecesor Gustavo Petro, anunció el sábado el traslado de 117 prisioneros vinculados a los procesos de paz del anterior gobierno hacia prisiones de máxima seguridad.
Se trata de una medida que busca “recuperar el control permanente de las cárceles” y “contener cualquier capacidad de las estructuras criminales” para coordinar acciones ilícitas desde las prisiones, citó en un comunicado el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).
Los privados de libertad fueron llevados a ocho centros penitenciarios de alta seguridad en las ciudades Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
El gobierno ejercerá el control en las prisiones “con autoridad y dentro del marco constitucional”, aseveró la institución estatal.
Edición: Fernando Sierra
