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14/09/2026 | Nueva York, Estados Unidos
Estados y ciudades gobernados por demócratas presentaron demandas el lunes para impugnar una norma federal que, según afirman, otorga al gobierno del presidente Donald Trump una amplia discreción para negar tarjetas de residencia permanente (green cards) a inmigrantes que dependen de la asistencia pública para alimentos, atención médica, vivienda y otras necesidades básicas.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien encabeza una coalición de otros 21 estados en una de las demandas, sostuvo que la norma obligaría a familias inmigrantes necesitadas a elegir entre solicitar ayuda y buscar un estatus legal en el país. California, Colorado, Hawai, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México y Wisconsin figuran entre los estados involucrados en la impugnación legal.
“Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legal”, declaró James durante una conferencia de prensa el lunes en el Ayuntamiento, junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y defensores de los inmigrantes.
Mamdani presentó una demanda por separado junto con líderes de otras ciudades de Estados Unidos, entre ellas Chicago, San Francisco y Seattle. Señaló que la norma tendría un “efecto disuasorio” no sólo sobre los inmigrantes que buscan un estatus legal, sino también sobre otros residentes de la ciudad más grande del país.
“La nueva norma de carga pública pretende ahuyentar a las familias inmigrantes de los programas que han mantenido a la gente alimentada y saludable durante décadas”, indicó el alcalde. “Los neoyorquinos tendrán miedo de ir al médico o de pedir ayuda a la que tienen derecho legal. Ese miedo no será sólo para las familias a las que el gobierno federal está apuntando”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS., por sus siglas en inglés), que es objeto de las demandas, desestimó las advertencias.
“Dejemos esto claro: los estados santuario están aterrorizados de que perderán fondos federales porque cientos de miles de inmigrantes ilegales y no ciudadanos podrían retirarse por sí mismos de los programas de asistencia social estadunidenses”, señaló la agencia en un comunicado. “Estamos temblando de miedo ante este supuesto resultado terrible”.
Las demandas cuestionan el plan del DHS de reactivar una norma de “carga pública” que el mandatario republicano impuso originalmente durante su primer mandato, pero que fue revertida bajo su sucesor, el presidente demócrata Joe Biden.
Las demandas, presentadas ambas ante un tribunal federal en Manhattan, sostienen que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, excede la autoridad legal del DHS y se aparta del significado histórico y de larga data de la disposición federal sobre carga pública.
En particular, explicó James, la norma otorga de manera ilegal a los funcionarios de inmigración una amplia discreción para considerar una extensa gama de beneficios públicos al tomar decisiones sobre inmigrantes que buscan un estatus legal en el país.
Indicó que la norma permite a los agentes de inmigración contabilizar casi cualquier asistencia pública, utilizado durante cualquier periodo, en contra de un solicitante de green card, incluso si quien aprovecha el beneficio es un familiar de un ciudadano de Estados Unidos.
Eso significa que la solicitud de green card de un padre o madre podría estar en riesgo simplemente porque su hijo ciudadano de Estados Unidos utilizó un seguro médico proporcionado por el Estado o participó en el programa de almuerzos gratuitos de una escuela, señaló James.
“Esta nueva norma anula más de un siglo de derecho consolidado para ampliar ilegalmente la definición de ‘carga pública’ de una manera que el Congreso nunca pretendió”, añadió Steve Banks, asesor jurídico de la ciudad.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la norma como una “política cruel”.
La ley federal ya exige que quienes buscan la residencia permanente o un estatus legal demuestren que no dependerán de asistencia pública.
La nueva norma no especifica los programas que podrían tomarse en cuenta. Simplemente indica que los agentes, “usando buen juicio y discreción”, harán “determinaciones individualizadas, basadas en hechos, de inadmisibilidad por carga pública, basadas en la totalidad de las circunstancias del extranjero”.
Edición: Mirna Abreu
