Un joven de 16 años acabó herido en el lecho de un río luego de que supuestamente fue arrojado por un policía desde un puente a una altura de siete metros mientras agentes reprimían una protesta en Chile. Aún se investigan los hechos ocurrido, pero la fiscalía ordenó la detención del agente implicado por presunto homicidio frustrado.
La Fiscalía Centro Norte de Santiago detuvo en el transcurso de la mañana al agente implicado en los hechos “por provocar caída de adolescente desde Puente Pio Nono a Río Mapocho. Diligencias desarrolladas desde ayer por fiscal Patricio Macaya, equipo de Flagrancia de Fiscalía y @PDI_Chile, establecen presunto delito de homicidio frustrado”, señaló el organismo en Twitter. Se presentarán cargos contra el agente policial hoy domingo.
El joven se halla estable y fuera de riesgo vital en la Unidad de Cuidados Intensivos Clínica Santa María, después de haber sido intervenido favorablemente de una fractura de muñecas, según su informe médico. Presenta, además, un traumatismo encéfalo craneano cerrado en evolución.
Por la mañana, decenas de personas se trasladaron a la clínica donde el joven se encuentra internado para protestar contra el actuar de la policía, portando carteles en que se decía “No se cayó, lo tiraron”.
“Estuvimos con los jóvenes que participaron en la manifestación, y ellos señalan que Carabineros de Chile tuvo participación en el hecho”, señaló el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, a través de las redes sociales. Micco afirmó que la institución presentará una doble querella por homicidio frustrado y omisión de socorro por parte de Carabineros.
“Nosotros como Instituto nos preguntamos cuántas tragedias más como la de anoche es necesario que ocurran en Chile para que de una vez por todas se produzca la reforma integral y profunda” de la policía de Chile, solicitando que no haya impunidad.
Por la tarde de ayer, cientos de personas se congregaron en Plaza Italia, lugar neurálgico de las protestas desde el 18 de Octubre de 2019, para denunciar la brutalidad policial.
En un comunicado el sábado, el gobierno repudió los hechos de violencia y condenó “categóricamente toda acción que atente contra los derechos humanos”.
“Si algún carabinero no cumple con los protocolos o la ley, atentando contra los derechos humanos, esa acción, además de los sumarios administrativos correspondientes, debe ser investigada por la Fiscalía y conocida, juzgada y sancionada por los Tribunales de Justicia, de acuerdo a la ley”, agregó.
En un principio la policía negó los hechos, pero la circulación de videos en redes sociales, televisión y agencias llevó a que Carabineros respondiera que investiga las acciones y que será la fiscalía Centro Norte a cargo de la pesquisa la que determine lo ocurrido.
La Defensoría de la Niñez presentó una demanda al conocer el incidente y varios partidos de la oposición solicitaron la dimisión del general de Carabineros, Mario Rozas.
La Defensoría de la Niñez señaló vía Twitter que presentará una querella por homicidio frustrado.
El video causó conmoción en un país que aún cuenta con heridas abiertas tras las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social del mencionado 18 octubre y a pocas semanas de su primer aniversario.
Unas 460 personas han sido víctimas de trauma ocular, perdiendo la visión de uno o dos de sus ojos en algunos casos debido a la violencia al reprimir las protestas por parte de la policía. El estallido dejó además un saldo de 31 muertos y, según datos de la fiscalía, 8575 supuestas de violaciones de derechos humanos, que incluyen delitos sexuales, torturas, abusos y otros.
Edición: Emilio Gómez
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