Armando G. Tejeda
El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, declaró “estado de alarma” en la ciudad de Madrid y en otros ocho municipios de la comunidad autónoma, que quedarán a partir de hoy con una serie de restricciones de movilidad y de la forma de gestionar los negocios de restauración.
Se trata de una medida excepcional, fruto de la guerra sin cuartel que mantienen desde hace meses el gobierno español contra el autonómico de Madrid, integrado por una coalición de derechas del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C´s), con el apoyo parlamentario de la extrema derecha de Vox.
La determinación del “estado de alarma” en Madrid se declaró en un consejo de ministros extraordinario y que se precipitó por una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que resolvió que las medidas aprobadas por el gobierno español para condicionar la vida de Madrid y municipios limítrofes era ilegal, porque no tenía amparo legal. El gobierno español, que mantiene un enfrentamiento abierto con el gobierno madrileño desde el inicio de la pandemia, decidió romper el diálogo con la comunidad autónoma y decretar el “estado de alarma”, lo que supone en la práctica dejar sin atribuciones al gobierno regional y que todas las medidas restrictivas las asume como propias el gobierno central.
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La medida, que entró en vigor al mediodía del viernes, no impidió que miles de ciudadanos de la región de Madrid viajaran a otros sitios del país o del extranjero antes de la entrada en vigor del “estado de alarma”, precisamente en un fin de semana especialmente concurrido en movimiento ciudadano al coincidir con un puente laboral. En cualquier caso, las medidas restrictivas se aplican en Madrid y otras ocho ciudades, que son Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.
Aunque tarde, el gobierno español movilizó más de 7 mil policías por aeropuertos, estaciones de tren, carreteras y autopistas para controlar la entrada y salida de los vehículos. A partir de ahora cualquier familia que quiera abandonar la región tendrá que justificarlo, lo que sólo se podrá hacer con un justificante laboral convincente o con una razón familiar de peso, como ir a visitar a un familiar mayor de edad o una visita de carácter médico o luctuoso.
El gobierno español aprobó la medida a través de un decreto en el Consejo de Ministros, lo que sólo le daría un margen de 15 días para mantener el control de la región, después tendría que solicitar un permiso al Parlamento para que la autorizara una prórroga de 15 días más.
La declaración del “estado de alarma” en Madrid se declaró tras una serie de desencuentros entre los gobiernos central y autonómico, y tras una serie de decisiones erráticas que han provocado confusión, nerviosismo y malestar en la población. Tanto la de Madrid como de las regiones limítrofes, que temen que la ola de contagios por el COVID-19 se propague sin control.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, del PP, reclamó más tiempo al presidente Sánchez, pero éste le contestó que ya había tenido tiempo suficiente y que se declararía el estado de alarma de forma inminente. Lo que también aumentó aún más, si cabe, la confusión en la ciudadanía, que todavía no tiene claro ni el detalle de las limitaciones cotidianas ni las sanciones a las que se enfrenta en caso de vulnerarlas.
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