El Congreso de Honduras, de mayoría conservadora, aprobó este jueves una reforma en la Constitución para endurecer la prohibición del aborto, vigente desde 1982, pese a presiones de organizaciones feministas y expertas de Naciones Unidas.
La reforma del artículo 67 de la Constitución, sancionado por una mayoría conservadora de distintas tendencias, “considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer”.
Añade que esta norma “solo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso Nacional”.
El aborto ha estado prohibido en Honduras en la Constitución vigente, desde 1982. El artículo 67 recientemente modificado establecía que “al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites de la ley”.
Con esta reforma, “lo que hicieron fue elevar a pétreo el artículo del aborto porque nunca se va a poder reformar si se necesitan 96 votos” de los 128 que tiene el Congreso, dijo a la AFP la diputada opositora, Doris Gutiérrez.
Grupos feministas han realizado movilizaciones públicas para exigir al Congreso que permitiera el aborto en algunos casos, como en violaciones.
El pasado martes, expertas en derechos humano de Naciones Unidas condenaron desde Ginebra la reforma, asegurando que “bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y niñas en Honduras”.
En Honduras “una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años”, agregaron.
Explicaron que la enmienda, presentada por el diputado oficialista Mario Pérez el pasado 11 de enero, era “alarmante” porque “en lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas es un retroceso”.
Recalcaron que Honduras es uno de los pocos países del mundo que prohíbe el aborto, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida o salud de las mujeres embarazadas está en peligro o en casos de malformaciones graves del feto.
Edición: Elsa Torres
En representación del gobernador Joaquín Díaz Mena, el Secretario General de Gobierno, Omar Pérez Avilés llevó el documento
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