Proceso que allanaría un juicio político

Reuters, Afp, Xinhua y Ap
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La Jornada

Brasilia.
9 de octubre, 2015

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, dijo este jueves que es improbable que la Comisión de Presupuesto del Congreso acepte este año la recomendación del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de rechazar las cuentas fiscales de la presidenta Dilma Rousseff correspondientes a 2014.

El tribunal falló la noche del miércoles que el gobierno de Rousseff manipuló sus cuentas el año pasado, antes de la relección, en una decisión que no tiene efectos jurídicos inmediatos, pero que podría allanar el camino para que la presidenta sea sometida a un juicio político (impeachment) en el Congreso.

El TCU señaló que se maquillaron las cifras para mejorar el resultado fiscal y que detectó distorsiones en la administración de fondos hasta por 27 mil 390 millones de dólares.

No va a ser un embate inmediato debido a que el procedimiento es lento. Probablemente no será apreciado este año, es mi opinión como conocedor de la comisión, dijo Cunha, quien en julio pasado rompió con Rousseff, a pesar de pertenecer al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, principal aliado del Partido del Trabajo (PT) Cunha se distanció de Rousseff tras surgir acusaciones de que recibió un soborno por 5 millones de dólares en el entramado de corrupción que sacude a Petrobras.

El gobierno afirma, sin embargo, que como las cuentas rechazadas y la supuesta violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal se refieren al primer mandato (2011-2014), no habría base legal para un proceso de impeachment.

Fue la segunda vez en la historia brasileña que el TCU recomendó al Congreso el rechazo de las cuentas de un presidente, sólo precedida por el rechazo, en 1937, de las presentadas durante el gobierno de Getulio Vargas. Entonces, el rechazo de las cuentas auditadas no fue reafirmado por el Congreso, por lo que no hubo pérdida del mandato presidencial.

El despacho de Rousseff dijo que no existen fundamentos legales para el fallo y afirmó en un comunicado que la corte sancionó indebidamente acciones adoptadas por su gobierno para mantener activos los programas sociales.

El jefe de gabinete de Rousseff, Jaques Wagner, anunció que la presidenta defenderá su rendición de cuentas en el Congreso.

Líderes opositores saludaron el fallo, aunque no estaba claro qué tan pronto actuarían o si tendrían el apoyo suficiente para lanzar un proceso contra la presidenta, a pesar del creciente escándalo que involucra a Petrobras y de la recesión más grave de Brasil en 25 años.

El congresista Rubens Bueno, del Partido Popular Socialista, sentenció: es el fin del gobierno de Rousseff. Añadió que la oposición tiene los votos para iniciar los procedimientos en la cámara baja, aunque quizá no alcance la mayoría de dos tercios necesaria para un juicio político en el Senado.

En todo caso, el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, aseguró que el rechazo a las cuentas puede resolverse y es una muestra de la transparencia de las instituciones. Levy, quien participa en Lima en una reunión del Fondo Monterio Internacional, fue consultado sobre si el fallo puede atizar los pedidos de impeachment de Rousseff. No lo sé, respondió.

En otro asunto, el Foro Brasileño de Seguridad Pública informó que el país alcanzó el año pasado un nuevo máximo de inseguridad con más de 58 mil muertes violentas. El año precedente la cifra fue de 55 mil.

El reporte considera homicidios, homicidios imprudenciales y muertes a manos de policías. Aunque los asesinatos siguen siendo la causa principal de muerte violenta en Brasil, los homicidios a manos de fuerzas del orden en o fuera de servicio ya ocupan el segundo lugar.