Se someterán a una jurisdicción especial

Afp, Xinhua, Ap y Pl
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La Jornada

La Habana.
24 de septiembre, 2015

El jefe del secretariado de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y yo hemos acordado que a más tardar en seis meses deben concluir las negociaciones. Es decir, que para el 23 de marzo de 2016 debe estar firmado el acuerdo final del proceso de paz, anunció este miércoles aquí el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, luego de sellar un pacto con la insurgencia, que crea una jurisdicción especial para la paz, a la que se someterán quienes hayan cometido crímenes durante el conflicto armado, uno de los temas más espinosos del proceso de paz comenzado hace casi tres años.

El mandatario hizo este anuncio histórico en el Palacio de Convenciones de la capital cubana, ante las delegaciones negociadoras de su gobierno y del grupo guerrillero, así como de los representantes de los países garantes, a los que agradeció, tras haberse reunido previamente con el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido con los nombre de guerra de Timoleón Jiménez o Timochenko.

Para ultimar los detalles de este acuerdo, el presidente Santos llegó por la tarde a Cuba en una escala en su viaje a Nueva York, donde hablará ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Poco antes también el comandante Timochenko hizo su arribo. Ambos, que se encontraron por primera vez, habían anunciado vía Twitter que había llegado el momento de la paz.

Horas antes, el presidente cubano, Raúl Castro, recibió por separado a Santos y Timochenko, a quienes felicitó porque estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano. Castro subrayó que las conversaciones marchan por buen camino y los acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance.

En un comunicado conjunto, en que las partes dieron a conocer el Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, encaminado a poner fin a 60 años de guerra interna, se establece un mecanismo de justicia transicional que permite procesar a responsables de delitos durante el conflicto armado y que incluye una ley de amnistía que precisará el alcance de la conexidad.

En su discurso, Santos destacó que no va a ser una tarea fácil porque faltan muchos puntos por acordar. Subrayó que esto no tiene que ver con un acuerdo extrajudicial, sino que se basa en la terminación de los conflictos, acorde con la Constitución y la ley nacionales y como lo establece el derecho internacional humanitario, y será el Congreso la instancia que lo ratificará.

Agradeció al papa Francisco por su apoyo al proceso de paz colombiano en su reciente paso por Cuba, quien advirtió que las partes no podrían permitir un fracaso más en el camino de la reconciliación. El presidente aseguró que no vamos a fracasar. Antes de llegar a la isla, Santos reconoció que no todos van a estar conformes con el acuerdo.

El ex presidente Álvaro Uribe, el principal opositor a un acuerdo de paz con las FARC, y acusado por organizaciones de derechos humanos de estar vinculado al paramilitarismo, escribió en Twitter: El gobierno ha aceptado que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales.

El comandante Timochenko resaltó que el acuerdo es respetuoso de las normas humanitarias y las colombianas, y se abre a la verdad y reparación a las víctimas. Además, indicó, está diseñado para todas las partes del conflicto armado.

Luego de tres años de negociaciones, que comenzaron el 19 de noviembre de 2012 en La Habana, en el acuerdo alcanzado también se establece la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, así como la compensación a las víctimas. Se trata de una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a una paz estable y duradera.

Entre los diez puntos del acuerdo, se especifica la creación de salas de justicia y un tribunal para la paz que estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, además de contar con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan con los más altos requisitos. Su función esencial es acabar con la impunidad, conocer la verdad e imponer sanciones a los responsables de los delitos.

Se precisa que las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de cinco años y un máximo de ocho de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales de trabajo en zonas agrarias. En tanto, quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten responsables serán condenados a penas de prisión hasta de 20 años.

Se precisa que en todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, entre otros, como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.

La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia para todos los actores que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, que incluye a los guerrilleros y los agentes del Estado, y que hayan cometido delitos graves o representativos en este contexto. Para este trato especial es necesario que el acusado aporte verdad plena.

En el caso de las FARC, la participación en este sistema de justicia estará sujeta al abandono de las armas, que deberá comenzar a más tardar 60 días después de la firma del acuerdo final. En esa línea, se acuerda la transformación de las FARC en un movimiento político legal, que contará con todo el apoyo del gobierno en los términos en que se pacten.

Por último, en el acuerdo el gobierno de Colombia y las FARC, que se fundaron en 1964 y que se estima cuentan con más de 10 mil combatientes, reafirman su compromiso con los acuerdos logrados previamente en la mesa de negociaciones: reforma rural integral, participación política de las FARC, apertura democrática para construir la paz y solución al problema de las drogas ilícitas.

El secretario estadunidense de Estado, John Kerry, saludó el progreso histórico hacia un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. El Vaticano dio la bienvenida al acuerdo, que consideró positivo, y atribuyó al Papa el paso definitivo para el acuerdo.