AP
Foto: Alfredo Domínguez
La Jornada
Los Ángeles.
13 de julio, 2015
Más de mil 800 migrantes que el gobierno estadunidense quería deportar fueron liberados de cárceles locales y arrestados de nuevo más tarde por diversos delitos, indicó un informe del gobierno publicado el lunes.
Los migrantes arrestados estaban entre las 8 mil 145 personas liberadas entre enero y agosto de 2014 pese a las solicitudes de agentes federales de que fueran retenidos para su deportación, según el informe de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) obtenido por una organización que se opone a la entrada de migrantes sin permisos de residencia o trabajo.
El informe, proporcionado por el Centro para Estudios de Inmigración, indicó que en torno al 23 por ciento de estas personas terminaron detenidas de nuevo en algún momento.
Muchas jurisdicciones han dejado de cumplir las órdenes de detención para migrantes, señalando que no pueden retener a los arrestados sin causa probable.
En un caso que atrajo atención nacional sobre el asunto, una mujer murió abatida a tiros en San Francisco este mes, y las autoridades señalaron que el autor de los disparos era un sospechoso liberado de la cárcel pese a una orden de detención migrante en su contra.
La mayoría de los delitos por los que se volvía a detener a estos migrantes estaba relacionada con las drogas o con manejar bajo los efectos del alcohol.
El informe también cita seis ejemplos con delitos más graves, incluyendo uno en el condado de San Mateo donde una persona fue arrestada en la investigación de cinco delitos sexuales relacionados con un menor de 14 años, después de que se rechazara una orden de detención para migrantes en su contra.
"Éste es un auténtico problema de seguridad, y también una crisis en el control de inmigración", dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Centro para Estudios de Inmigración. Las víctimas de los delitos en apariencia menores también quieren que los responsables rindan cuentas, añadió.
Más de 250 jurisdicciones en todo el país han dejado de cumplir las llamadas órdenes de detención para migrantes, indicando que no pueden retener a los arrestados más allá de la fecha estipulada por la ley sin una causa probable. California y Connecticut han aprobado leyes estatales para limitar el empleo de estas órdenes, y cárceles de estados como Oregon o Iowa rechazan cumplir estas órdenes de detención.
La controversia en torno a estas órdenes de detención vuelve a estar sobre la mesa desde la muerte de Kathryn Steinle, de 32 años, en un muelle de San Francisco. El sospechoso, Juan Francisco López-Sánchez, fue liberado de prisión en abril a pesar de que las autoridades migratorias habían presentado una orden para intentar deportarlo del país por sexta vez.
En las últimas semanas, varios políticos y parlamentarios han cuestionado los límites del uso de las órdenes para migrantes. El jefe de la policía del condado de San Francisco, Ross Mirkarimi, ha alegado que cumplía las leyes locales y que estas órdenes no son una forma legal de mantener a alguien retenido, y se ha demostrado que erosionan las relaciones de la policía con las comunidades inmigrantes.
Los activistas a favor de la migración señalan que los agentes federales de migración ya tienen información sobre quién está en las cárceles locales y pueden hacer sus propios arrestos.
"No es correcto señalar a las órdenes como el motivo por el que se vuelve a arrestar a la gente", afirmó Jennie Pasquarella, abogada en el Sindicato de Libertades Civiles Americanas en el sur de California. "La ICE ha tenido, y sigue teniendo, y desarrollando sus herramientas para poder priorizar a las personas que cree son una prioridad para su expulsión, y reunir a esas personas".
Tras la campaña en contra de las órdenes de detención, la ICE ha dicho que se centrará en los delitos más graves y pedirá a las agencias de seguridad que les notifiquen cuando liberan a migrantes, o que los mantengan retenidos.
La ICE no hizo comentarios sobre el informe en un primer momento.
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