Hubo elementos amenazantes

Stella Calloni
Foto: Xinhua
La Jornada Maya

Buenos Aires
Miércoles 17 de agosto, 2016

En un ambiente tenso por amenazas y la colocación de una granada ante el domicilio de una juez que había frenado el tarifazo, la procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, confirmó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que anuló los fuerte incrementos en las tarifas de servicios públicos básicos dispuesto por el Ministerio de Energía, desconociendo las fuertes presiones gubernamentales.

Consideró la funcionaria que no se había cumplido con el artículo 2 de la Constitución que establece que ante una decisión de este tipo, debe realizarse previamente una audiencia pública, lo que no acepta el gobierno del presidente, el derechista Mauricio Macri.

Sobre este dictamen deberá expedirse la Corte Suprema, evidentemente presionada por el gobierno y los medios de comunicación afines al mismo.

La procuradora reconoció la facultad que tiene el Ejecutivo para tomar decisiones en materia de tarifas, pero afirmó que éstas deben los límites legales “y sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales reconocidos a usuarios y consumidores”.

En su fallo requiere a la Corte Suprema de Justicia que rechace el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional a través del Ministerio de Energía y Minería entendiendo que “el presente caso pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”.

En tanto, la juez federal de San Martín, Marina Forns, quien emitió un amparo contra el [i]tarifazo[/i] el mes pasado, en el servicio de luz, pidió “bajar los decibeles” después del hallazgo de una granada de mano en un contenedor a metros de su casa. También relató que hubo elementos amenazantes a partir de su fallo y llamados de algunos periodistas “muy malintencionados, para hacerme caer en una agresión”.

Recordó que ayer durante la presentación del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, para tratar de justificar ante comisiones de diputados, el [i]tarifazo[/i], aduciendo sólo cuestiones técnicas y acusando -como es común- la responsabilidad al gobierno anterior del peronista Frente para la Victoria (FpV), nombró a la juez Forn críticamente. Ésta analizó que ese gesto se dio en “una situación muy direccionada hacia mí y hacia el fallo”.

También advirtió que su razonamiento de fallar contra el aumento de tarifas “no va a cambiar… si no les gustó mi fallo, lo lamento. Pero los ataques son desmedidos”, y exigió una investigación a fondo sobre estos hechos.

Este miércoles el presidente Macri viajó a Mendoza, donde se dijo que se recibió una extraña llamada de amenaza contra el mandatario, y se detuvo al hombre que hizo el llamado desde su casa y que estaba en estos momentos bajo estudio siquiátrico. Lo cierto es que Macri estuvo en el acto rodeado de seguridad, mientras a distancia vecinos que protestaban -como en todos los casos- ante la grave situación social, hicieron volar globos negros evidentemente aludiendo a los globos amarillos que utiliza la derechista alianza gobernante Cambiemos.

En el ambiente caldeado, varios gremios de los tantos que están en conflicto por los despidos y suspensiones, el [i]tarifazo[/i], la inflación que aumenta y los salarios a la baja denunciaron, amenazas de patotas (pandillas) a sus dirigencias, que consideraron “ un grave antecedente, que lleva a recordar oscuros tiempos en el país”.

Por su parte el diputado nacional del FpV, Eduardo Wado de Pedro acusó a los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques de montar una operación escandalosa contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “El mismo día que el ministro Arangueren viene al Congreso a explicar el [i]tarifazo[/i], el Partido Judicial -como se llama aquí al grupo de jueces aliados al gobierno derechista, que actuaban desde antes abriendo causas contra la ex mandataria y y sus funcionarios y continúan haciéndolo ahora- que está persiguiendo a Fernández de Kirchner”.

De Pedro se refirió a la nueva causa- entre decenas que se abren todos los días contra la ex mandataria- donde ambos jueces piden la indagatoria de la misma "Pollicita y Mahiques prestan sus servicios a Macri y son funcionales a esa estrategia" y advirtió al gobierno que “cuando se gobierna en contra de la gente, necesitan callar a sus dirigentes. Pero no lo van a conseguir con Cristina".