Graves incidentes y heridos durante una dura represión de la policía de la provincia de Formosa, que gobierna el oficialista Gildo Insfran, dejaron varios heridos y detenidos ante una protesta contra la disposición de regresar a la fase primera de aislamiento por la nueva oleada de COVID-19, los que fueron condenados esta tarde por el jefe de gabinete y el Secretario de Derechos Humanos de la Nacióin, Santiago Cafiero y Horacio Pietragalla respectivamente.
Cientos de manifestantes, entre los que figuraron dirigentes de la oposición, marcharon ante la casa gubernamental donde, arrojando piedras, ladrillos y huevos, intentaron ingresar. Al estallar los incidentes se produjo una brutal represión policial con golpes, gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de gomas, que dejaron algunos heridos y detenidos.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudió “la violencia ejercida por integrantes de la policía provincial de Formosa sobre los manifestantes que se concentraron en la jornada de hoy frente a la Gobernación” en un primer mensaje de Twitter.
Luego, en un comunicado, expresó que “no se justifica el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta”, y señaló que las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales como provinciales, deben estar capacitadas para contener actos de violencia, en el contexto de protestas “en un marco de pleno respeto de los derechos humanos”.
El comunicado también menciona que esta violencia vivida en las últimas horas tiene un trasfondo en “la permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia, y el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos”. Además informó que mantiene comunicación con las autoridades provinciales y con organismos de derechos humanos locales para monitorear la situación de heridos y detenidos.
En el caso de Formosa hubo desde el año pasado una denuncia, por “la rigidez impuesta en las medidas” entre ellas el cierre de la frontera con provincias vecinas, impidiendo la entrada de una cantidad de formoseñas a las que la pandemia sorprendió fuera de su provincia lo que llevó a la intervención de organismos internacionales por pedidos de la oposición, y la Corte Suprema de Justicia para lograr el regreso de los afectados.
A principios de enero de este año, dos concejales de la oposición Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, fueron detenidas por encabezar una protesta de unas decenas de opositores ante una escuela donde funcionaba un Centro de Asilamiento Sanitario para contagiados de Coronavirus, al que consideraron una especia de “campo de concentración”, iniciando una campaña y llevando el caso ante organismos internacionales.
Eso llevó al envío de una comisión del gobierno de Alberto Fernández a la provincia, encabezada, entre otros por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, que hizo un informe, después de visitar los centros de aislamiento, que no podían considerarse de manera alguna “campos de concentración”, pero recomendaron al gobierno provincial, la revisión de la aplicación de las medidas, entre otras normas.
Todo esto sucedió en momentos en que la oposición de Cambiemos comenzó una campaña ante la decisión del gobierno de Alberto Fernández de derogar, por inconstitucional, el decreto del 70/2017 del ex presidente Mauricio Macri que permitía la deportación de inmigrantes con causas judiciales pendientes sin brindarle las garantías mínimas del debido proceso ni el derecho a la defensa, por lo que reclamaban los organismos de derechos humanos.
“Este decreto era un acto de propaganda que solo sirvió para ocultar los delitos cometidos en Migraciones durante la gestión macrista”, dijo la funcionaria de Migraciones, Florencia Carignano.
La dirección de Migraciones informó también que el principal ingreso irregular al país de extranjeros se produjo durante la vigencia de una disposición impuesta durante el gobierno de Cambiemos, en 2019, que autorizó el ingreso al territorio nacional de extranjeros sin documentación para acreditar identidad, señaló Página 12.
Se confirmó además que se están investigando irregularidades cometidas durante el macrismo desde la dirección de Migraciones, como la utilización de las bases de datos para hacer espionaje ilegal, la falta de protección de datos personales; así como casos de corrupción por connivencia de funcionarios del área y nexos con la mafia china.
Edición: Laura Espejo
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La Jornada
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