José López Zamorano
Foto: Notimex
La Jornada Maya
Washington, Estados Unidos
Lunes 10 de diciembre, 2018
Más de 150 mil comentarios públicos, a favor y en contra, recibió hoy la polémica propuesta de la administración del presidente estadunidense Donald Trump para negar la residencia permanente en Estados Unidos a inmigrantes de bajos ingresos que reciban beneficios sociales.
El plan, que fue objeto de comentarios del público durante un periodo de 60 días que concluyó este lunes, afectaría a cientos de miles de migrantes legales que reciben ayuda oficial, como estampillas de comida, y que planean convertirse en Residentes Legales Permanentes.
Aunque no existe un desglose detallado sobre la proporción de comentarios a favor o en contra, más de mil 500 organizaciones lanzaron desde octubre una campaña de repudio, y expertos creen que la mayor parte fueron comentarios negativos para el plan presidencial.
Entre los grupos que participaron en la campaña, que buscó recopilar más de 100 mil comentarios, destacó la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU), por la organización sindical AFL-CIO, Amnistía Internacional USA, y la Asociación Estadunidense de Abogados de Migración, entre otros.
La propuesta de Trump fue vista por organizaciones no gubernamentales (ONG) como una restricción de facto a la inmigración legal, con base en los ingresos personales, que pondría a los inmigrantes en la disyuntiva de elegir entre recibir beneficios sociales, como comida o ayuda médica subsidiada, o hacerse residentes legales.
Aunque la Casa Blanca estimó que podría afectar a unas 382 mil personas, las ONG creen que el efecto podría ser mayor e incluso afectar a comunidades enteras, por las consecuencias negativas de la pérdida de seguro médico entre las personas de menores ingresos.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) ha argumentado que la regla busca asegurar que todos aquellos que permanecen en los Estados Unidos, sea de manera temporal o permanente, se puedan mantener por sí mismos y no ser una carga pública.
Con la ley estadunidense, el gobierno federal está obligado a considerar los comentarios antes de la emisión de la regla final.
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