Sputnik
Foto: Red de Mujeres Ixhiles
La Jornada Maya
Montevideo, Guatemala
Martes 25 de septiembre, 2018
Organizaciones sociales guatemaltecas exigieron el lunes a las autoridades que capturen a los responsables de la muerte a balazos de la líder de la Red de Mujeres Ixhiles (mayas), Juana Ramírez Santiago, ocurrido en el oeste del país centroamericano.
"Manifestamos nuestra indignación y repudio ante el asesinato de nuestra compañera (…) solicitamos al Ministerio Público (…) que capture y castigue a sus autores materiales e intelectuales en el menor tiempo posible", afirmó la Red de Mujeres Ixhiles, que brinda ayuda social, psicológica y asistencia en el parto a mujeres en áreas rurales de Guatemala, en un comunicado.
Ramírez, de 57 años, fue atacada a balazos la noche del viernes en el municipio de Nebaj, en el departamento de Quiché (oeste), dijeron las autoridades.
La Fiscalía del municipio comenzó una investigación sobre al asesinato de la defensora de los derechos de los indígenas, la vigésima dirigente social muerta en lo que va del año, dijeron medios locales.
Otras agrupaciones sociales, además del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se sumaron al pedido por justicia.
La Red de Mujeres Ixhiles afirmó que todas sus defensoras han sido objeto de "múltiples intimidaciones desde 2004" y que "en el último año se incrementaron los ataques, a través de amenazas, intimidaciones, y hasta incluso la agresión a tres defensoras en la vía pública".
La asociación recordó que el asesinato de Ramírez se suma a los otros 19 de este año y pidió al Gobierno que otorgue las "medidas necesarias de seguridad" para proteger la familia de Ramírez y a la Red.
"Hacemos también un llamado a las organizaciones sociales y a los miembros de la comunidad internacional para que se mantengan alerta frente a la crítica situación de los derechos humanos y animen al Estado guatemalteco a fortalecer sus políticas", agrega en el comunicado. A principios de agosto, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaron del asesinato de 11 defensores de los derechos indígenas entre el 9 de mayo y el 27 de julio.
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