Néstor Jiménez
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Ciudad de México
Lunes 23 de diciembre, 2019

Luego de que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sostuvo que el proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no cumplió con todos los estándares internacionales, el gobierno federal expresó su "preocupación" por las declaraciones del organismo y reviró que el ejercicio fue democrático e informado.

Además, calificó como "aventurado y sin fundamento", señalar que las comunidades hayan aprobado el proyecto a cambio de recibir atención a sus necesidades básicas como agua, salud y educación.

"El Gobierno de México demuestra con hechos su voluntad y compromiso de transformar la vida pública nacional con la participación democrática de la ciudadanía y, en especial, de los pueblos indígenas, en un marco de respeto, buena fe y sin ningún tipo de simulación o manipulación", indicó la oficina de la Presidencia en un comunicado emitido en conjunto con la Secretaría de Gobernación.

La ONU-DH México indicó la semana pasada que la información presentada a las comunidades contiene únicamente referencia a posibles beneficios y no a los impactos negativos que pudiera generar. El gobierno federal respondió que la consulta en comunidades indígenas se generó por medio de 30 Asambleas Regionales, 15 Informativas y 15 Consultivas, en las que participaron 10 mil 305 personas pertenecientes a mil 78 comunidades indígenas de las cinco entidades federativas por donde se proyecta que pasará el tren.

Consideró que con las "descalificaciones" de distintas voces, entre ellos la ONU-DH, se está "prejuzgando sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo, (que) abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la legítima voluntad que han expresado las comunidades indígenas".

Para contribuir a la certeza jurídica, enumeró distintas precisiones, entre ellas, que los estándares internacionales "que prevén y garantizan la consulta indígena, son principios generales que los Estados deben adecuar a las realidades concretas y particularidades de cada medida administrativa o legislativa relacionada con los pueblos y comunidades indígenas involucradas", por lo que para la consulta fueron adecuados dichos estándares a las características específicas del Proyecto.

Recalcó que la consulta indígena tuvo un carácter vinculante, como se había anunciado desde el 15 de noviembre en la convocatoria. "Por ello, es falso que no se haya contemplado obtener el acuerdo o consentimiento de las comunidades consultadas como lo afirma la ONU-DH México".

Como parte del proceso de diálogo, dijo, se estimó oportuno y complementario que las comunidades indígenas presentaran temas de desarrollo económico, social, territorial y de infraestructura, pero insistió que no hubo ninguna voz que cuestionara que el respaldo fue a cambio de cubrir sus necesidades básicas de infraestructura, o que exista un acuerdo para un despojo de tierras.

"La ONU-DH México pierde objetividad y asume la posición de una militancia social opositora, válida y respetable desde luego, cuyo único resultado satisfactorio habría sido el rechazo del proyecto, lo cual no fue el caso. Con esta actitud se aparta de su misión de construir las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos", indica el comunicado del gobierno federal.

Afirmó que la consulta se sujetó a reglas y se presentó la información en cuatro idiomas de la región, gracias a lo cual, durante las Asambleas Regionales Consultivas, participaron el 68.40 por ciento, del total de comunidades. A la vez, lamentó que las voces en contra del proyecto no hayan acudido al ejercicio.


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