Estado Mexicano se disculpa con indígenas violadas por soldados

Texto y foto: Elio Henríquez
La Jornada Maya

Ciudad de México
Viernes 18 de octubre, 2019

“Ana, Beatriz, Celia González Pérez, a nombre del Estado Mexicano, les pido una disculpa por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente”, les dijo Sánchez Cordero a las tres hermanas.

Luego se refirió a su madre: “Señora Delia Pérez, le pido una disculpa a nombre del Estado mexicano por su detención ilegal y por el agravio sufrido al tener que atestiguar los hechos cometidos en contra de sus hijas”.

Al tomar la palabra el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, recordó que el 4 de junio de 1994 las hermanas González Pérez y su madre “fueron detenidas ilegalmente por miembros del Ejército Federal Mexicano en el retén militar localizado en el camino que va rumbo al ejido Jalisco, de Altamirano”.

Agregó que “durante dos horas, estuvieron ilegalmente privadas de su libertad”, y agregó que “las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas por elementos del Ejército Nacional. Una de ellas era menor de edad”.

Dijo que “los hechos fueron denunciados en la oficina de la Procuraduría General de la República”, pero como no prosperó la investigación, en enero de 1996 ellas acudieron ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió el Informe de Fondo No. 53/01 en 2001 declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano”.

Manifestó que “no se puede ignorar el contexto en el que suceden los terribles agravios de este caso, parten del conflicto armado de 1994 en contra de las comunidades y pueblos indígenas, quienes exigían el reconocimiento de los derechos más básicos: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. No bastaron los quinientos años de explotación y marginación, la voz de los pueblos fue callada a toletazos”.

Con esta disculpa pública, abundó, “el Estado Mexicano se compromete a tomar las recomendaciones de la CIDH de realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores de las violaciones a los derechos humanos de las hermanas González Pérez y de aplicar las sanciones legales correspondientes a los culpables”.